El Gobierno de Castilla-La Mancha remitirá hoy una carta a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura para pedir que no se aprueben derivaciones por debajo de los 510 hectómetros cúbicos en cabecera, para garantizar derechos de la cuenca cedente.

En un comunicado, la consejera de Fomento castellanomanchega, Agustina García Élez, ha informado de que hoy mismo remitirá dicha carta, toda vez que ayer Tejerina informó de que el 3 de abril se reunirá la comisión de explotación del trasvase y que previsiblemente se aprobará una derivación de agua, puesto que Entrepeñas y Buendía han superado el umbral mínimo trasvasable, 400 hectómetros cúbicos entre ambos.

En la misiva, el Gobierno regional solicitará al Ministerio de Agricultura que haga «una revisión al alza» del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable, ya que ha considerado que con el actual límite de 400 hectómetros cúbicos «no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños».

Además, ha alertado de que el abastecimiento de los municipios ribereños puede verse en peligro de cara al verano.

García Élez ha explicado que el umbral mínimo de los 400 hectómetros cúbicos puede revisarse al alza, según recoge el Plan Hidrológico Nacional, para que se garantice en todo caso el carácter preferente de la cuenca cedente y teniendo en cuenta que se fijó con las aportaciones históricas de la serie 1980-2012, que hasta ese momento eran de 360,9 hectómetros cúbicos al año y que, con los recientes datos hidrológicos, invalidan esa garantía.

[ze_summary text=»El umbral mínimo de los 400 hectómetros cúbicos puede revisarse al alza, según indica la consejera»]El umbral mínimo de los 400 hectómetros cúbicos puede revisarse al alza, según indica la consejera[/ze_summary] 

Según los datos de la Confederación del Tajo aportados por la consejera de Fomento, las últimas aportaciones interanuales en la cabecera han sido de 250,692 hectómetros cúbicos, es decir, un 30,5 por 100 inferiores a las mínimas de la serie histórica considerada, y por tanto una diferencia de 110 hectómetros cúbicos.

Además, ha indicado que el nivel conjunto de Entrepeñas-Buendía al inicio de abril de 2018 se situará en el nivel 3 (situaciones hidrológicas excepcionales), por lo que ha solicitado que no se realice trasvase alguno por debajo del nivel de 510 hectómetros cúbicos, para garantizar el principio de prioridad de la cuenca cedente.

«Lo que no es de recibo es que la propia ministra reconozca en Alicante que la desaladora de Torrevieja ha salvado a los regantes y al Levante de la sequía», ha dicho García Élez, en alusión a la visita que ayer realizó García Tejerina a esta desaladora.

Por tanto, ha añadido, «si esa es la alternativa y la vía por donde se garantiza el desarrollo del Levante español, lo que tiene que hacer la ministra y el Gobierno es apoyar este tipo de infraestructuras».

Así, ha recalcado que el Gobierno castellanomanchego no pondrá impedimentos en que se ayude a la construcción de desaladoras pero ha exigido que «estén al cien por cien y que no trabajen a demanda, porque allí sí que hay esa materia prima, cosa que aquí no», ha dicho.

Más de 100 alegaciones a los Planes Especiales de Sequía

Por otro lado, el Gobierno regional ha presentado más de un centenar de alegaciones a los Planes Especiales de Sequía (PES) de las principales cuencas hidrográficas que discurren en Castilla-La Mancha, en concreto para las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir.

Según ha explicado la consejera de Fomento, estas alegaciones se justifican en que los planes expuestos ignoran la prioridad de las cuencas cedentes sobre las receptoras en demarcaciones hidrográficas como el Tajo, el Segura o el Júcar.

Además pretenden esquivar las exigencias que establece la Directiva Marco del Agua (DMA), mezclando las situaciones de sequía con las de escasez, con el fin de saltarse las restricciones que impone frente al deterioro de las masas de agua, y también adolecen de falta de rigor en el estudio de las implicaciones socioeconómicas y ambientales de los fenómenos de sequía prolongada».

Pero es que además, ha añadido, «obvian los datos de precipitación de los últimos años hidrológicos, mucho peores que los de la serie histórica que se ha tomado en consideración, lo que invalida los resultados obtenidos; desprecian el efecto del cambio climático en la disminución de precipitaciones y aportaciones; y carecen de presupuesto, sin el cual muchas de las medidas propuestas se quedan en meramente virtuales y ninguna utilidad práctica».

García Élez ha indicado que, en general los Planes de Sequía, entendidos como la Directiva Marco del Agua define este fenómeno, son para actuaciones derivadas de fenómenos naturales, como la falta de precipitación.

Y en su lugar, ha señalado, «estos planes se convierten en planes de escasez, en los que la mala gestión de la acción humana y no por un fenómeno natural, es lo que produce mayor deterioro en las masas de agua, cuando la legislación exige que este deterioro se deba exclusivamente a causas naturales».