La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha convocado una concentración el próximo lunes 22 de octubre con el objetivo de paralizar el desahucio de Safira, una mujer de 23 años con un 66 por 100 de discapacidad que va a ser desahuciada de la vivienda en la que reside.
La concentración se realizará a las 7:30 horas en la calle Salvador Allende de Guadalajara. Allí vive Safira Sánchez y desde la PAH insta a que «paremos un desahucio», puesto que el mismo se produciría a las 9 horas de la mañana.
Los apoyos a #SafiraSeQueda son infinitos 💚 Gracias a todas!!!@gobjccm @PoderJudicialEs @Kutxabank
EL 22 DE OCTUBRE, NO HABRÁ DESAHUCIO!!!!! 💪💪💚 pic.twitter.com/L0nuURUl1s— PAH Guadalajara (@PAH_Guadalajara) 19 de octubre de 2018
Amnistía Internacional recuerda que Naciones Unidad exigió la paralización
Amnistía Internacional ha alertado de que, Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, puede ser desahuciada el lunes 22 a pesar de que no cuenta con una vivienda alternativa, lo que conllevaría incumplir las medidas cautelares establecidas Nacionales Unidas.
En una nota de prensa, Amnistía Internacional ha señalado que el 5 de septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización del desahucio de Safira Sánchez, que está previsto para este lunes 22 de octubre a las 9.00 horas.
Safira, según ha explicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, es pensionista con unos ingresos mensuales de 380 euros, que no puede acceder a una vivienda a precio de mercado.
Esta plataforma ha explicado que Safira «recuperó» una VPO que, en el año 2014, llevaba al menos cinco años vacía y había sido adquirida por Kutxabank que, una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, ha decidido denunciar a Safira para poder vender la vivienda a precio de mercado, a pesar de que ésta se ha ofrecido a pagar un alquiler ajustado a sus ingresos económicos.
Sobre este asunto, Amnistía Internacional ha recordado que el Comité DESC ha solicitado la suspensión del desahucio o que, alternativamente, se le otorgue una vivienda adecuada a sus necesidades, para evitar posibles daños irreparables a la afectada, mientras el caso está siendo examinado por esta instancia.
«Los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima ha sido aceptada por España», ha exigido el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez.
En este sentido, ha recordado que España, firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010 respectivamente.
Mediante esta ratificación, España reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el Protocolo y para adoptar medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, y ello antes de pronunciarse sobre el fondo de una comunicación.
Amnistía Internacional ha advertido de que Safira se encuentra en una situación vulnerable y ha lamentado que si no se le ofrece una alternativa habitacional, incrementará su situación de desamparo.
Asimismo, la organización ha escrito a las autoridades competentes a nivel autonómico y local para recordarles su obligación de proveer de una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo.