La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo jueves, 16 de mayo, al gerente de una empresa de Piedrabuena como presunto autor de un delito continuado de abusos sexuales a una empleada, por el que el fiscal solicita que sea condenado a una pena de ocho años de prisión.

Según indica el fiscal en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los hechos que van a juzgarse tuvieron lugar entre junio de 2016 y abril de 2017, el tiempo en el que la víctima estuvo trabajando en la empresa de la que es gerente el procesado, hasta que fue despedida.

Se valía de su posición en la empresa situada en Piedrabuena

En ese periodo de tiempo, el procesado J.L.M., que tiene 64 años, «en ejecución de sus antijurídicos y torcidos propósitos, en múltiples ocasiones, en la sede de la empresa le realizó tocamientos en pechos, glúteos y cintura, pese a que ella siempre le manifestaba de modo claro y terminante su negativa», mantiene el fiscal.

Asimismo, el ministerio público detalla que hacía estos tocamientos «valiéndose de su posición en la empresa», cuando la empleada estaba desempeñando su trabajo, a la que sorprendía cuando estaba desprevenida «y procurándose el resguardo respecto al conocimiento de terceros».

El encausado hacía habitualmente los tocamientos encima de la ropa de su empleada, «si bien también llegó en alguna ocasión a tocarle el pecho izquierdo por dentro de la camisa, desabrochándole el sujetador y quitándole los tirantes», apunta el ministerio público, que añade que «en otra ocasión, persistiendo en su ánimo ilícito, la sorprendió por detrás y, girándola y sin su consentimiento le introdujo un dedo por la vagina».

A consecuencia de estos hechos la víctima, que tiene 39 años, ha sufrido trastorno de estrés postraumático, con control y seguimiento ambulatorio en una unidad de salud mental y también precisó el ingreso en una unidad de hospitalización breve en febrero de 2018, «con diagnóstico al alta de reacción al estrés grave, trastorno de adaptación y trastorno de estrés postraumático», señala el fiscal.

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de abusos sexuales, por el que pide que el acusado sea condenado a una pena de ocho años de prisión, así como que se le prohíba acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 15 años y a intentar comunicarse con ella por cualquier medio durante este mismo periodo de tiempo.