La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 5 millones en 2018 en el desarrollo de la ley de protección y apoyo garantizado para las personas con discapacidad.
Discapacidad: posibilidad de decidir
En rueda de prensa junto al presidente regional, Emiliano García-Page, la consejera ha avanzado que el próximo martes, 26, el Consejo de Gobierno tomará en consideración el anteproyecto de ley que permitirá a las personas con discapacidad y a su familia decidir sobre su futuro.
Ha explicado que el presupuesto del año que viene se dedicará a la creación de unidades de orientación y apoyo, a la puesta en marcha de 105 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual y otras 85 plazas para personas con enfermedad mental, así como al impulso de la creación de plazas de atención temprana.
La consejera ha detallado que la nueva ley se dirige a las personas con grado de discapacidad reconocido que necesitan apoyo para la toma de decisiones, un colectivo compuesto por unas 35.000 personas en la región, que representan el 25 % de quienes tienen el grado de discapacidad reconocido en la comunidad.
[ze_summary text=»Aurelia Sánchez ha dicho que es una ley pionera «]Aurelia Sánchez ha dicho que es una ley pionera [/ze_summary]«Es una Ley pionera en España y la más social del Gobierno regional, que dará tranquilidad a las familias de personas con discapacidad y, sobre todo, una respuesta a la preocupación de quienes se preguntan qué va a ser de sus familiares cuando ellos no estén», ha subrayado Sánchez.
Ha concretado que la nueva normativa contempla la posibilidad de elaborar un Plan de Futuro para aquellas personas con discapacidad (intelectual y psíquica en general) que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y que el Gobierno regional velará por «garantizarles la protección y los apoyos necesarios», ha añadido.
Sánchez ha especificado que el Plan de Futuro es similar a la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario y, por lo tanto, va a permitir que las personas con discapacidad, con el apoyo de su familia, manifiesten sus preferencias futuras de atención cuando falten los apoyos familiares.
En relación a la participación, la titular de Bienestar Social ha indicado que la Consejería ha trabajado «codo con codo» desde el principio con la asociaciones pertenecientes al Cermi y ha recordado que en mayo de 2016 se constituyó la comisión de trabajo para la elaboración de la Ley.
[ze_summary text=»A la varguandia a nivel nacional»]A la varguandia a nivel nacional[/ze_summary]«Es una Ley que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia a nivel nacional en atención a las personas con discapacidad», ha dicho, y ha agregado que «ante todo, da tranquilidad, seguridad y bienestar a las familias de la región», ha concluido.
Por su parte, el presidente regional se ha mostrado «orgulloso» de poder presentar el anteproyecto de la nueva normativa, la cual ha definido como la «columna vertebral de la conciencia de cualquier sociedad moderna, justa y solidaria».
Page ha celebrado que Castilla-La Mancha se vaya a convertir con esta Ley en la comunidad autónoma «más avanzada, proteccionista y garantista» de las personas con discapacidad y su familia, y ha asegurado que una normativa como esta «casi justifica una Legislatura».
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha mandado un mensaje de tranquilidad a los padres de las personas con discapacidad y les ha asegurado que a partir de la puesta en marcha de la nueva Ley podrán «dormir tranquilos» porque «si un día ellos no están, estará la sociedad y por Ley», y por ello ha confiado en que la norma se apruebe por «unanimidad».