El Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades publica desde hoy la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad, un procedimiento a través del que se solicita la opinión ciudadana y de los diferentes colectivos afectados.
El Palacio de Fuensalida de Toledo -sede del Ejecutivo regional- ha sido escenario de la presentación de este documento a los interlocutores sociales implicados, un encuentro en el que han participado -por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha- el presidente Emiliano García-Page y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
La ley, de la que se espera que vea la luz antes de que concluya el año, destaca y es «pionera» porque hace posible que las familias de las personas con discapacidad y los propios afectados puedan diseñar un plan de futuro en el que se recoger los apoyos que deberán tener cuando sus cuidadores fallezcan. Además, añadía la consejera, «se garantizará una plaza residencial cuando esa discapacidad sea severa».
Busca articular un sistema de planificación de apoyos para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía para la toma de decisiones y que en la medida de lo posible puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares fallen.
«Esta normativa recoge un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y de Emiliano García-Page que da tranquilidad a las familias». Para Aurelia Sánchez se consigue así «cerrar el círculo de los derechos de estas personas».
Tanto en opinión de la administración como de las organizaciones en defensa de la discapacidad se defiende que la ley es muy beneficiosa, sobre todo, para aquellas personas con discapacidad psíquica, un total de 35.700 de las 140.000 personas que hay en la comunidad reconocidas con algún grado de discapacidad.
Igualmente, resaltaba que es una ley «flexible», «abierta» y hecha «en colaboración con las seis fundaciones tutelares de Castilla-La Mancha y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)».
Por su parte, Miguel Pereyra -presidente de la Fundación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha (Fundace CLM)- y Cristina Gómez -presidenta de Cermi CLM- ponían en valor la importancia de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. El primero de ellos señalaba que es muy novedosa y que pretende «dos cosas importantes: definir cómo deben ser los apoyos que tienen que recibir las personas con discapacidad; y que las familias y afectados puedan decidir sobre un plan de futuro de la ayuda que recibirán las personas con discapacidad cuando sean mayores o sus familiares hayan fallecido». «Nos tenemos que poner todos las pilas porque hacen falta muchos recursos; debemos tirar del carro para que esta ley sea una garantía gobierne quien gobierne», añadía Cristina Gómez.