«Soy víctima de un grupo de empresarios y del Ministerio, que aproechándose de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura y haciendo elevaciones donde no tendrían que hacerse, amplían regadíos y le roban el agua a miles de ciudadanos». Este es el testimonio de Pedro Morales, un exagricultor de Lorca (Murcia) que lleva 23 años sin parar de denunciar la situación que le ha tocado vivir: la Administración le expropió unos terrenos que él tenía arrendados y le quitaron la propiedad de los mismos, para hacer unos pozos. Él no pudo aprovechar el agua que salía de aquellos dos pozos que «se llevaron 12 hectómetros cúbicos de la zona del valle del río Guadalentín para otras zonas».
Su historia no es la única que ha sucedido en los últimos años, tal y como denuncia la organización ecologísta Greenpeace en el informe que acaban de publicar sobre «La trama del agua en la cuenca del Segura». Como él, son cientas las personas que, desde hace años, denuncian el trato recibido por las administraciones en su tierra natal. Denuncian, así mismo, un reparto de agua desigual. Por ejemplo, Tomás Sánchez Mateo, otro agricultor murciano, expresa que los campesinos de la zona no están en contra «de las grandes empresas», sino de que la Ley no se aplique «a todos por igual».
«Tenemos dos varas de medir», afirma Pedro Morales, quien expresa que mientras que a los empresarios «se les dá todo el agua que quieren», según sus palabras, «los pequeños agricultores estamos obligados a mermar la producción». Así lo ha relatado esta mañana en la rueda de prensa relatada en el Centro Cultural San Marcos de Toledo, donde Greenpeace ha presentado el informe sobre la situación de los agricultores murcianos y los desencadenantes del Trasvase Tajo-Segura tanto en Castilla-La Mancha como en Murcia.
Denuncias, amenazas y la «defensa de unos derechos»
Morales fue amenazado cerca de una de sus propiedades. «Una noche que venía de una cena me amenazaron introduciéndome una pistola en la boca y diciéndome que si continuaba me iban a quitar del medio», según expresa en el vídeo que ha colgado Greenpeace como anexo al informe presentado. Esas amenazas se deben a las reivindicaciones que, año tras año, este agricultor murciano traslada a todos los organismos que puede para acabar con el «acoso de la administración», como ya denunciaba allá por 2013. La ley no se cumple, según Moreno. «La administración tiene datos e instrumentos para saber que si se plantan 20 olivares en una zona de regadío, se ha ampliado esa zona de regadío», explicaba esta mañana.
Los caudales que se hicieron allá por 1994, se llevaron a cabo como excedente mientras al propio Pedro le expropiaban «indebidamente esos terrenos». Ya en ese año, el agricultor murciano creó la Asociación para la Protección del Acuífero del Alto Guadalentín, con tal de presentar alegaciones y denuncias a lo que le había sucedido. De esta forma, el agricultor murciano, tuvo que enfrentarse a la Comunidad de Regantes de Lorca, así como al Ayuntamiento de la localidad, ya que se procedió a la construcción de dos pozos de sequía, «ilegales» por su parte. No estaban dedicados a los regadíos del municipio, sino a nuevos regadíos en varias localidades cercanas.
Ya en 1993, este agricultor, por entonces presidente de la Asociación de Vecinos «La Torrecilla» de Lorca, remitió diferentes escritos a la Confederación Hidrográfica del Segura, para que no se redujera la capacidad del embalse de Puentes, con el objetivo de «satisfacer las necesidades de los regantes para el regadío de Lorca».
Para entender esta historia de denuncias, es necesario entender las reivindicaciones a las que Greenpeace se acogió desde su primer informe -del que hoy sacan réplica- sobre el estado de la Cuenca del Segura. Francisco Turrión, hidrogeólogo que lleva 27 años trabajando en la cuenca del Segura, también habla de la sequía y de los métodos para combatirla en Murcia, fuera del polémico Trasvase Tajo-Segura. Para él, la cuenca del Segura tiene poco caudal ya que es una cuenca «muy permeable que hace que el agua no circule por el cauce», explica. Por otro lado, Murcia es una zona «rica en agua subterránea», aunque este potencial, afirma, «se ha ocultado».
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«No es mi obligación disponer de recursos financieros para defender y reclamar mis derechos de responsabilidad patrimonial vulnerados por las Administraciones, con fines de favorecer a multinacionales como por ejemplo Sacyr, Ferrovial y muchas otras más…». Esto escribía Pedro al entonces presidente de la Región de Murcia en 2014, Ramón Luis Valcarcel, solicitando responsabilidad por parte del Gobierno murciano para «reparar todos los problemas que afectan a la cuenca del Segura».
La situación actual en Murcia
Mientras la Región murciana sigue solicitando volumen de trasvase de aguas del Tajo al Segura; mientras el sistema de regadío para los pequeños agricultores murcianos se ha deteriorado y ahora se establecen soluciones posibles para dejar a un lado el trasvase tan denunciado por diferentes plataformas y colectivos, así como partidos políticos en la región, se denuncia un sofisticado «expolio» en la zona murciana, según ha censurado hoy Julio Barea en Toledo. «Siguen produciéndose nuevos regadíos», denunciaba el portavoz de Greenpeace, mientras por otra parte se habla de sequía y de necesidad urgente de agua trasvasada. Hablan de un «déficit ficticio», de regadíos ilegales y de negocios entorno al agua tan necesitada.
«Se redotaban miles de nuevas hectáreas de regadíos ilegales, mientras los pequeños agricultores, ganaderos y PYMES veían cómo se les negaba su agua», denuncia Greenpeace en su informe.
Ampliaciones de regadíos por una parte, mientras se continúa reclamando caudal de otros ríos, y mientras agricultores como Pedro continúan con su lucha para esclarecer la verdadera lucha por el agua que existe en Murcia y de la que Castilla-La Mancha es partícipe desde hace décadas.