El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado las Cortes regionales el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017, que asciende a una cuantía total de 8.941 millones de euros, y espera que estén aprobados para el próximo 31 de agosto, según ha expresado. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas considera que son unos Presupuestos «muy similares» a los anteriores -cifrados en 8.919,8 millones de euros- «que fueron rechazados por PP y Podemos».

Ruiz Molina ha especificado los detalles del nuevas cuentas públicas de la Junta, cuya cuantía total es un 6,2 por 100 mayor que el anterior Proyecto y se han realizado «los ajustes técnicos necesarios», en unos Presupuestos diseñados «para cumplir el objetivo de déficit y de deuda», así como con la regla de gasto.

El consejero de Hacienda ha querido contextualizar la situación económica de la región, que ha calificado como «buena», mientras que las previsiones que se hacen desde la Consejería, considera que son «más conservadoras». La previsión de las tasas de crecimiento serán muy similares a las del Estado, según ha especificado, pero «mejores que las que teníamos en el primer proyecto». Dicha tasa se cifra en el 3 por 100, lo que supone medio punto más que en el año anterior. De este modo, Ruiz Molina ha asegurado que para contextualizar también esta cifra, «hay que analizar los datos de actividad empresarial de este año», ya que, en sus palabras, «se está aprovechando la buena coyuntura nacional e internacional».

Con las cifras que presenta el Gobierno de Page, se pretende desmentir el «discurso catastrofista del PP», afirma el consejero, ya que los datos demuestran que no es así, según ha matizado.

Crecimiento en exportaciones y del índice de confianza empresarial

Conforme ha indicado el titular de Hacienda, que ha estado acompañado en rueda de prensa por el Director General de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, el dato de exportaciones durante el primer cuatrimestre de 2017 es favorable, ya que «ha crecido por encima de la media nacional». Del mismo modo, en la línea de la confianza económica y empresarial tanto interior como exterior, Ruiz Molina considera que existe una credibilidad con las políticas que se desarrollan desde el Ejecutivo regional, que se ve reflejado en las estadísticas.

No ha querido olvidarse de los acuerdos alcanzados con actores sociales, también presentes en la política presupuestaria, ya que «han sido múltiples los acuerdos que hemos firmado con ellos», lo cual tiene su repercusión «en la confianza que anima a la inversión». El consejero también ha hecho mención al Acuerdo de Estabilidad que se ha firmado hace unos días.

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Las condiciones que Ruiz Molina ha calificado como «satisfactorias y positivas» se han traducido, según ha especificado, en «la creación de empleo», ya que se ha logrado reducir la tasa de paro de la región. Según Ruiz Molina, «hay 13.000 hogares menos con todos sus miembros en paro». Sobre los empleados públicos, ha establecido que existen más de 2000 empleados públicos, y ha recalcado la próxima convocatoria de oferta pública de empleo en Sanidad, Educación y Administración General, con lo que se cumple la tasa de reposición «con la que podemos aprobar ofertas de empleo» y dotar de «mayor calidad y estabilidad los funcionarios». Además, se pagarán, según ha anunciado el consejero, los atrasos de la subida salarial del el 1 por 100, prevista para este año y no aplicada al no haber Presupuestos. Los empleados públicos tendrán abonado el atraso con la nómina del mes de agosto.

Habrá un «control férreo» de las finanzas públicas

Así lo ha especificado el consejero, y afirma que Castilla-La Mancha es «una de las comunidades autónomas que antes paga a sus proveedores», y está por debajo de la media nacional y del tiempo del anterior Gobierno. Ruiz Molina ha detallado que la región es la tercera comunidad autónoma que más ha disminuido la deuda pública, mientras que el déficit se ha rebajado hasta un 54 por 100 en lo que va legislatura para alcanzar el objetivo marcado por el Estado del 0,6 por 100 .

A pesar de que lo ha indicado al principio de la rueda de prensa, el consejero ha querido reincidir en que «es factible que la región sea capaz de cumplir los objetivos para este año», según los datos que son «absolutamente objetivos», en sus palabras, para contribuir a la recuperación económica y social.

Gasto social: aumento de 205,8 millones

«Estos Presupuestos consolidan el gasto social», según Ruiz Molina. El Gobierno presidido por Emiliano García-Page, según ha indicado hoy en sede parlamentaria el consejero de Hacienda, «crea riqueza e intenta redistribuir esa riqueza». Los datos ofrecidos por el Ejecutivo regional traducen un incremento de 205,8 millones de euros la cantidad dedicada a gasto social, lo que supone «un 4 por 100 más que en 2016», y un 11,6 por 100 tan solo en dos años.

El Gobierno regional establece en 13,7 millones de euros al día los dedicados a «afirmar el estado de bienestar», según Ruiz Molina, quien ha especificado que se han destinado en dos años cerca de 520 millones de euros más para afianzar estos «presupuestos sociales». Dicho gasto contempla también el Plan Integral de Garantías -en el que entrará a tomar decisiones Podemos tras la negociación que abrió las puertas a este nuevo proyecto de Presupuestos-, que «es la verificación de muchas políticas que venía desarrollando el Gobierno», según ha matizado Ruiz Molina.

 

Sobre las infraestructuras sociales, ha mencionado las inversiones que se planifican dentro del gasto social, que según el consejero «son inversiones que generan empleo». También se recuperará el 1,5 por 100 de la llamada «tasa Cospedal», lo que supone la mitad de lo recortado en el anterior mandato, lo cual esperan hacerlo «de forma inmediata».

[ze_summary text=»El gasto no financiero está en 7.175,7 millones de euros»]El gasto no financiero está en 7.175,7 millones de euros[/ze_summary] 

De esta cantidad de gasto no financiero, el consejero ha confirmado que 2.000 millones irán enfocados a «políticas de aumento económico», para «generar riqueza», lo que supone un incremento del 3,6 por 100 con respecto al año pasado y un gasto diario de 5,5 millones de euros.

Sin modificaciones tributarias para lo que queda de 2017

El texto que se presenta no tendrá que pasar por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en opinión de Juan Alfonso Ruiz Molina, por lo que se espera que se tramite en el tiempo previsto y sea aprobado el próximo 31 de agosto, fecha límite para que puedan llevarse a cabo los pagos planificados. «El texto es el mismo», ha afirmado el consejero, y «estamos cumpliendo con el compromiso con la ciudadanía», según ha indicado. «Remitimos el texto sin números», ha reconocido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.

Ante la no modificación fiscal, Ruiz Molina ha señalado que de esta manera «no se va a producir la huída de empresas, sino todo lo contrario», con lo que se «consolidan los avances que conseguimos en materia y social», debido a que se ha reclamado al Gobierno regional «mayor entendimiento y acuerdo», así como estabilidad.

Los beneficios, para el Ejecutivo regional, se traducen en «mayores ingresos, en cumplir los objetivos de déficit y en mejorar la calidad de vida», ha señalado el consejero.

[ze_summary text=»También se ha presentado Proyecto de Ley de Gestión y Organización de la Administración»]También se ha presentado Proyecto de Ley de Gestión y Organización de la Administración[/ze_summary] 

Junto al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2017, se ha presentado el Proyecto de Ley de Gestión y Organización de la Administración, un texto que Ruiz Molina caracteriza como «puramente técnico» y que aprovecha parte de la Ley estatal de 2015. Algunos cambios importantes se verán reflejados en la administración electrónica, en el aumento de los plazos y en la reducción de infracciones, con el objetivo de aligerar los procedimientos.

Esta Ley, de ser aprobada, contemplará la adaptación del marco legislativo regional a las leyes «39 y 40 del Estado», como ha indicado el consejero. El proyecto incluye modificaciones en la Ley de Ordenación de Turismo, así como en la Ordenación del Territorio y la Ley de Servicios Sociales, en una Ley que «nos venía bien por agilidad administrativa», según Ruiz Molina.