«Desde mi punto de vista, la potencial nulidad del POM de Toledo no va a suponer una devolución masiva de los IBI, en ningún caso. Todos los IBI son liquidaciones tributarias, son actos administrativos y, si son firmes y consentidos, la nulidad sobrevenida no les afecta en ningún caso. La rumorología sobre una posible devolución, desde mi punto de vista, es totalmente falsa«. Así de contundente se ha mostrado el abogado Joaquín Sánchez-Garrido Juárez en una conferencia impartida en la sede de Fedeto en Toledo.
Que no haya devolución masiva no quiere decir que no haya devoluciones en casos puntuales. Pueden ser aquellos que en estos momentos están en recurso y que de este modo se podrían beneficiar de la nulidad. Los casos que se produzcan a posteriori, con IBI abonado de forma consentida, no se produciría una posible devolución.
Y es que la recaudación de IBI la lleva a cabo el Ayuntamiento por un valores catastrales «que le vienen dados» por parte de la Gerencia de Catastro que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que todo el entramado judicial que hay en torno al POM de 2007 no afectaría al IBI, el Impuesto de Bienes e Inmuebles, que se ha pagado en la última década, solo en los casos que se ha explicado, los que estén en recurso en la actualidad.
Además, por este motivo descarta el «cataclismo económico» en el Consistorio toledano que podría provocar esa devolución del IBI y afirma que «el POM de Toledo de 2007 todavía es válido y eficaz a todos los efectos».
En la conferencia impartida en Fedeto, el letrado del bufete Sánchez-Garrido Abogados pretendía «contar la historia completa del POM, la historia judicial, que es en parte desconocida por que ha habido tantas sentencias que han podido generar cierta confusión tanto en el empresariado como en la ciudadanía».
Pero repasemos la historia del POM, el Plan de Ordenación Municipal que define el modelo de ciudad y estructura todos los servicios, de la mano del Sánchez-Garrido, hijo del también abogado y exalcalde de la ciudad de Toledo Joaquín Sánchez-Garrido.
Primero recordar, que el POM que presumiblemente se declarará nulo, el de 2007, lo realizó la Corporación Municipal que encabezaba el «popular» José Manuel Molina.
Para entender el entramado judicial hay que remontarse a 1998, cuando se valida la Ley de Suelo de Castilla-La Mancha. «Se aprueba con un precepto legal y constitucional y tres meses antes se aprueba la Ley Estatal de esta materia», añade. Además, remarca que si la Ley regional hubiese tenido algún atisbo de inconstitucionalidad, por haber invadido competencias estatales, por ejemplo, se habría puesto un recurso de inconstitucionalidad, «pero no es el caso», afirma el abogado.
Precisamente esa es la estrategia que ha defendido tanto el Ayuntamiento como la Junta, ya que, a priori, «nadie podía prever esta situación, yo no podía preverlo», indica. Porque según explica, «en multitud de ocasiones, ese el precepto ha sido analizado por el Tribunal Superior de Justicia y nunca ha cuestionado su constitucionalidad, por tanto, el problema está en la Ley».
Por eso, existe «la paradoja de que el precepto, en el momento que se declara inconstitucional, ya no está en vigor, hay otro, y el presunto precepto legal que se ha vulnerado, en el momento que se declara la sentencia, tampoco está en vigor», añade Sánchez-Garrido.
A modo de sentencia, el abogado subraya que todo es «surrealista, porque el problema no está en el POM, es una cuestión técnica, estrictamente jurídica y compleja, pero que no tiene nada que ver con el POM de Toledo».
Además, ejemplifica que muchos POM de ciudades españolas se están anulando, pero en casi todos los caso falta algún informe o por fallos de todo tipo, cuestión que no ocurre con el POM toledano que tantos quebraderos de cabeza genera entre empresarios, administraciones y también ciudadanos.
[ze_summary text=»Al final dices, ¿es achacable a la Administración Local de Toledo? No, nadie podría preverlo»]Al final dices, ¿es achacable a la Administración Local de Toledo? No, nadie podría preverlo[/ze_summary]
«La solfa de la legislación autonómica ha terminado por afectar al POM de Toledo, pero solo al de Toledo», indica, y explica la situación del precepto que está en cuestión: «Hay una doctrina del Tribunal Supremo, histórica, que dice que cuando hay modificaciones sustanciales, se tiene que realizar una segunda información pública. Aquí teníamos una Ley autonómica que decía cuando había estas modificaciones sustanciales no había que hacer una segunda información pública. Por tanto, yo nunca le podría decir a la Administración, oiga es que usted lo ha hecho mal. Pero es que he cumplido mi Ley y si mi Ley es inconstitucional, que me lo hubiesen dicho, pero lo han dicho ahora con carácter sobrevenido, pero cuando un precepto es inconstitucional hay que decirlo cuanto antes, no tras 19 años de estar en vigor«.
«Al final dices, ¿es achacable a la Administración Local de Toledo? No, nadie podría preverlo», concluye el abogado. Por eso el titularía esta novela como «nunca cumplir la Ley fue tan caro«, explicando de este modo que, el equipo de Gobierno de 2007 lo único que hizo fue cumplir con la legislación que había vigente en Castilla-La Mancha.