La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elaborado un informe sobre el proyecto de minería de tierras raras de la empresa Quantum en la provincia de Ciudad Real que concluye que es inviable por suponer una «grave amenaza para la biodiversidad» y le da un plazo de tres meses para modificarlo.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha analizado el informe medioambiental elaborado por este departamento sobre el proyecto de minería de tierras raras.
En dicho documento de alcance la Consejería afirma que el proyecto tal cual está ahora representa «enormes riesgos para la biodiversidad de la zona», ya que afectaría el hábitat de especies en peligro de extinción como el lince ibérico, el águila imperial ibérica y el águila real, así como a aves esteparias como la avutarda.
Martínez Arroyo ha señalado que en el documento que hoy mismo se va a enviar a la empresa Quantum Minería se explica que su proyecto supone una «grave amenaza para la conservación de la biodiversidad» y se le dice que tiene un plazo de tres meses para resolver esas cuestiones o, de lo contrario, se declarará la inviabilidad ambiental del proyecto, para lo cual se han tenido en cuenta los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la propia Consejería y de la defensora del Pueblo.
Martínez Arroyo ha explicado el procedimiento seguido en este asunto y ha indicado que el informe medioambiental que ha preparado la Consejería y que hoy ha analizado el Consejo de Gobierno es parte de un documento de alcance, elaborado por aquellas administraciones «que tienen algo que decir en esta materia», y que hoy mismo se remite a la empresa.
A partir de la recepción del documento, la empresa tiene un plazo de tres meses para presentar un estudio de impacto ambiental del proyecto de minería de tierras raras, «si es que quiere seguir adelante con el proyecto».
En ese caso, la administración tendría que abrir un periodo de consultas y elaborar entonces un documento de evaluación de impacto ambiental «que puede ser positiva o negativa».
El Gobierno regional, ha dicho el consejero, ha actuado con prudencia y con «respeto escrupuloso» por la normativa ambiental y teniendo en cuenta el derecho de todas las partes implicadas, tanto la empresa promotora del proyecto como los «colectivos, particulares o alcaldes que se han movilizado en una dirección u otra».
Ha recordado el escrito enviado por la defensora del Pueblo que pedía la paralización del procedimiento administrativo que, ha señalado, no ha comenzado, por tanto, no se puede paralizar un proceso administrativo no iniciado como tampoco se puede prejuzgar.
Martínez Arroyo ha explicado que el documento de alcance se ha redactado con la colaboración de 22 entidades u organismos públicos y 44 colectivos y se han presentado 7.500 firmas en contra del proyecto de extracción de tierras raras.
El documento incluye informes y observaciones como la de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que concluye que «no existen recursos hídricos a disposición de la empresa» y, por tanto, informa desfavorablemente.
También el informe del Gobierno regional que indica que existen enormes riesgos para la biodiversidad de la zona, o informes del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de Agricultura.
El documento recoge asimismo los problemas que puede suponer de erosión del suelo, su afección para la población y el impacto socioeconómico sobre la agricultura o la caza y el turismo.