Muchos periodistas, como muchos ciudadanos, estamos avergonzados por el tratamiento que diversos medios de comunicación -sobre todo, cadenas de televisión- han dado a la muerte de la niña Asunta Basterra Porto. Los profesionales de la información debemos hacer autocrítica, una vez más, aunque ésta no servirá para nada mientras en España no exista una normativa legal que permita sancionar estas lamentables conductas periodísticas, por supuesto garantizando la libertad de información y sin caer en la censura.
Hay que admitir que este caso reúne todos los ingredientes para ser noticia del máximo interés: en la madrugada del 21 al 22 de septiembre, una niña de 12 años fue encontrada muerta en un bosque próximo a Santiago de Compostela, tras haber sido drogada, atada y asfixiada; sus padres son una conocida familia de la ciudad, separados pero que mantienen buena relación; la pequeña, muy inteligente, comenzó a escribir un blog en internet hace un año, tras la muerte de su abuelo, en el que contaba extrañas historias de espíritus en los parques de Santiago; dos profesoras dicen que algún día acudió a clase «como si estuviera drogada»… Sí, el caso tiene interés y, además, mucho morbo para los amantes de lo desagradable. Pero eso no justifica que hayan sido difundidas informaciones sin contrastar suficientemente y se haya dado como noticia lo primero que ha dicho cualquiera que veía un micrófono y se acercaba para hablar.
INFORMACIONES DESMENTIDAS
El día que la casa de la madre de Asunta estaba siendo registrada por orden del juez, una prima de esta mujer se acercó al lugar, vio a los periodistas y les dijo que la familia opinaba que la niña había sido asesinada por motivos económicos y que sospechaban de la madre. Esa declaración fue difundida, a pesar de que en la información se decía que la prima estaba «visiblemente alterada» cuando realizaba tales afirmaciones.
Después se supo que los abuelos habían hecho testamento en 1975, cuando la niña no había nacido, por lo que se caía la hipótesis de los motivos económicos: era imposible que la hubieran nombrado su heredera años antes de existir, cuando los padres eran unos niños. A pesar de ello, varios medios insistieron y dijeron que las normas sobre las herencias que se aplican en Galicia convertían a la niña en adjudicataria directa de una parte del patrimonio de los abuelos; incluso algunos apuntaron que tal vez los abuelos «habían modificado el testamento» años después para incluir a la pequeña.
También se dijo en los medios que el juez investigaba la muerte de los abuelos de la niña y que no se descartaba que la madre los hubiera asesinado. El único argumento para sustentar la posibilidad de ese presunto doble asesinato fue que la abuela falleció repentinamente en diciembre de 2011 y el abuelo murió, también de manera repentina, siete meses después. Lo dijo la misma prima y fue difundido. El juez, posteriormente, desmintió que estuviera investigando la muerte de los abuelos.
LA OBLIGACIÓN DE CONTRASTAR
Esto no significa que los periodistas que han cubierto esta información se hayan inventado noticias, porque la mayoría se dedican a hacer su trabajo lo mejor posible y a dar a conocer los datos que van consiguiendo cada día, probablemente con esfuerzo y muchas dificultades. Esto quiere decir, simplemente, que los periodistas siempre tenemos que contrastar la información y ser rigurosos en lo que contamos, y de manera muy especial en casos tan delicados como éste en los que no deberíamos conformarnos con que un familiar se acerque al lugar donde ve medios de comunicación y se ponga a hacer declaraciones. ¿Alguien se interesó, por ejemplo, por saber si la prima que hizo esas afirmaciones estaba enemistada con la madre de la niña y hablaba por despecho?
Pero más grave aún es que varias cadenas de televisión y varios periódicos de información, de los más importantes de España y de los considerados serios, hayan difundido fotografías de la niña sin tapar su cara, como están obligados a hacer porque la ley protege de manera especial a los menores. Si algún familiar directo de la pequeña quiere denunciar a esos medios debe saber que probablemente va a ganar, porque su muerte impide ya que Asunta pueda ser atacada en su honor e intimidad personal y familiar, pero su memoria sigue estando protegida por la ley incluso después de muerta.
A eso hay que añadir la legión de psicólogos, abogados, forenses y otros profesionales que no han dudado en acudir a algunas cadenas de televisión para, con el pretexto de ofrecer datos no conocidos sobre el caso o de analizar los motivos y las circunstancias de tan repugnante crimen -todos lo son, pero algunos todavía más-, se han dedicado a especular y lanzar sus sospechas olvidándose de que la presunción de inocencia, por mucho que nos cueste reconocerla en algunos casos, sólo puede ser destruida por una sentencia condenatoria. Incluso el abuelo paterno de la víctima ha acudido a un plató de televisión y no ha dudado en afirmar que, en su opinión, probablemente la madre mató a la niña y su hijo está protegiendo a su ex mujer.
Por si todo esto no bastara, en las redes sociales se han difundido todo tipo de rumores, comentarios, acusaciones e interpretaciones en torno a este caso. A los periodistas nos enseñan en la Universidad que el rumor nunca es noticia, aunque puede ser la antesala de ésta, y que no debemos difundir rumores; los ciudadanos no tienen por qué respetar este principio profesional.
LA AUTORREGULACIÓN NO SIRVE
Cada vez que un caso como éste conmociona a la sociedad -¿se acuerdan del bochornoso espectáculo que ofrecieron algunas cadenas de televisión privadas a finales de 1992, cuando el secuestro, violación, torturas y asesinato de las tres niñas de Alcàsser (Valencia), y en el juicio posterior?- surgen voces pidiendo que los medios de comunicación en general, y las televisiones de manera especial, se autorregulen y se comprometan a respetar unas normas éticas en una profesión como el periodismo, cuya importancia radica en que su cometido consiste en manejar un derecho fundamental: el que tiene la ciudadanía a recibir información veraz, tal y como garantiza la Constitución.
La experiencia ha demostrado que la autorregulación no sirve de nada. ¿Cuántas veces se han puesto de acuerdo las cadenas de televisión privadas para respetar los llamados horarios protegidos para la infancia? ¿Cuántas veces algunas cadenas se saltan a la torera esa autorregulación y emiten a media tarde programas vergonzosos de telebasura nada apropiados para los niños? La ley establece que cada hora pueden dedicar 12 minutos a publicidad. ¿Cuántas veces los sobrepasan cada día de manera abusiva? En ambos casos, a las cadenas que habitualmente se comportan así les resulta mucho más rentable pagar la multa que les puedan imponer, en contadas ocasiones, y seguir vulnerando la ley: con unos minutos más de publicidad de los que tienen permitidos pagan todas las multas que les caigan y todavía ganan dinero.
Corren malos tiempos para el periodismo, una profesión de las más reconocidas hace años y ahora entre las menos respetadas por la ciudadanía. A este desprestigio contribuye, sin duda, la precariedad laboral cada vez más grave de los medios de comunicación, en los que todo vale con tal de vender o ganar audiencia. Con las excepciones que existen, naturalmente.
Esta falta de ética profesional por parte de algunos medios sólo podrá ser corregida y eliminada cuando exista en España, como funciona en muchos países, un organismo audiovisual independiente del Gobierno que tenga competencias para vigilar si los medios respetan las normas deontológicas del periodismo y, además, que pueda sancionar a los medios que no las cumplan. Lo viene reclamando el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) desde hace años, pero ni Zapatero antes ni Rajoy ahora quieren enfrentarse a los grandes grupos de comunicación, que se oponen a esta iniciativa. Esos empresarios dicen, como excusa, que eso sería censura. No es verdad: eso sería nada más y nada menos que la garantía de que los medios de comunicación van a cumplir con su obligación de trasladar a la ciudadanía toda la información que sea de interés general, con veracidad y pluralidad, como establece la Constitución. Los ciudadanos deberían reclamarlo allí donde puedan, porque ese derecho es suyo.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Tan acostumbrados como están los castellanomanchegos a recibir malas noticias en plena crisis, como lo están los habitantes de las demás comunidades, hay que resaltar la buena noticia de que en septiembre fue la región donde más descendió el paro. Hay 12.040 desempleados menos que en agosto.
Aunque se deba en buena parte a que la vendimia ocupó a mucha gente, la noticia es buena. Y también es bueno que el descenso no sólo se haya producido en la agricultura, sino también en la construcción, la industria y el sector servicios. Pero las 238.590 personas que todavía están sin trabajo en esta comunidad son su más grave problema, como en toda España, y deben ser el objetivo prioritario del Gobierno de María Dolores de Cospedal.