Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 24 y 35 años, exactamente el 35 por 100, no ha terminado los estudios de Bachillerato ni tiene unos estudios equivalentes de Formación Profesional o de otro tipo. Es el nivel más bajo de la Unión Europea, superado únicamente por Turquía, según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por 35 paises de todo el mundo con el lema «mejores políticas para una vida mejor».

Este dato es muy malo para España, como casi todos los que incluye ese informe, pero hay algo que puede considerarse incluso peor: mientras en los demás países esa situación ha ido mejorando en los últimos años, aquí es prácticamente la misma que en 2005. A pesar de ello, el Ministerio de Educación -que dirige el ministro Íñigo Méndez de Vigo- ha dicho, tras conocer el análisis de la OCDE, que «el nivel educativo de los españoles mejora sustancialmente en todos los ámbitos». Ya lo dice el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Pero la OCDE también ha dado un tirón de orejas a España por otros datos sobre la situación educativa que son muy preocupantes: sólo el 12 por 100 de los jóvenes estudia Formación Profesional, mientras en los países industrializados son el 26 por 100; sólo el 1 por 100 estudia FP al mismo tiempo que trabaja, mientras en los países de la OCDE la media es del 17 por 100; el 21,7 por 100 de 15 a 29 años son los llamados ninis (ni estudian ni trabajan), mientras en la Unión Europea son el 13,9 por 100 y en la OCDE el 14 por 100.

El país que menos gasta en Educación

Un dato más: la OCDE ya advirtió en su informe del pasado año que el gasto educativo en España es el menor de los 35 países que integran esa organización, y ahora ha vuelto a decirlo: en 2008 el Gobierno invirtió en Educación el 9,4 por 100 del gasto público total, mientras en 2014 (últimos datos analizados) ese porcentaje ha bajado al 8,2 por 100. En los demás países, a pesar de la crisis económica, han mantenido ese gasto en torno al 10 u 11 por 100 del total.

Los problemas del sistema educativo español se repiten año tras año -aunque también ha habido algunos avances-, pero los distintos gobiernos y los correspondientes Parlamentos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para intentar resolverlos. Como prueba de ello basta recordar que desde la llegada de la democracia se han aplicado en España siete leyes de educación distintas, y hubo otra aprobada en la época de José María Aznar que no llegó a entrar en vigor porque el PP perdió las elecciones generales.

En diciembre pasado se constituyó en el Congreso una subcomisión encargada de elaborar un Pacto de Estado por la Educación. El 1 de junio concluyó el plazo de seis meses que tenía para elaborar su informe, pero ese tiempo se ha agotado con las comparecencias de 80 personas en dicha subcomisión: padres, profesores, representantes de alumnos, sindicatos y organizaciones patronales de la enseñanza, ex cargos políticos y especialistas en educación-, por lo que el Congreso ha autorizado ahora una prórroga de otros seis meses para que esos diputados terminen el trabajo que tienen encomendado.

A pesar de lo importante que es el problema de la Educación, del informe de la OCDE se ha hablado poco en las tertulias de radio y televisión. Tampoco se ha hablado lo suficiente de otros asuntos importantes, por ejemplo los 41.150 millones de euros que las arcas públicas no van a recuperar de lo que costó rescatar a la banca, según datos del Banco de España (Mariano Rajoy dice que una parte pequeña de esa cantidad se recuperará con la venta de las acciones que tiene el Estado en Bankia y Banco Mare Nostrum).

El tema catalán ocupa todas las tertulias

El tema de Cataluña y la convocatoria de un referéndum para el día 1 de octubre acapara casi por completo los debates en las radios y televisiones, a veces con breves referencias a otros asuntos. Eso ocurre porque este asunto es un desafío en toda regla a las leyes vigentes en España y a los jueces y tribunales, por parte del Gobierno catalán, de la mayoría de su Parlament y de los independentistas, por lo que es un problema muy serio y centra la atención mayoritaria de los medios de comunicación.

Pero si hubiera una manera de medir el hartazgo de la ciudadanía hacia un asunto, seguro que el tema de Cataluña se situaría en primer lugar. Sin quitar ninguna importancia a la gravedad del caso, y desde el respeto al derecho de una parte de los ciudadanos de Cataluña a reclamar su independencia por las vías legales establecidas para ello, lo cierto es que muchos ciudadanos cambian de emisora de radio o de canal de televisión cuando los tertulianos empiezan a hablar de este asunto, obligados por la actualidad del tema.

A partir del día 1 de octubre la vida continuará y los problemas de la gente no se habrán resuelto, sino que seguirán existiendo; también en Cataluña. Hay vida más allá de Cataluña, del referéndum y de las reivindicaciones de independencia. Los políticos, que lo saben, deberían dedicarse a resolver esos problemas de la ciudadanía y a resolver también el problema catalán con política y con diálogo. Los políticos del Gobierno y el Parlamet catalán y los políticos del Gobierno y el Parlamento del Estado. Para eso han sido elegidos y para eso se les paga, no para dividir a la sociedad ni para intentar apagar el fuego con gasolina.