En el Gobierno y en el PP no ganan para sustos, pero el que les ha dado la durísima sentencia del caso Gürtel es algo mucho más grave que un susto. Es un tremendo mazazo que puede ser el principio del fin de Mariano Rajoy como presidente. Porque, por muchos esfuerzos que hagan los dirigentes del Partido Popular para desvincularse de esa condena, diciendo que son hechos de hace muchos años y que los condenados ya no pertenecen a su partido, la sentencia deja bien claro que el PP ha tenido durante décadas una caja B y le condena por haberse beneficiado del «sistema de corrupción institucional» que mantenía con las empresas de Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel).

Rajoy y su partido todavía no se habían recuperado del todo de la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes -por el escándalo de un máster que no aparece ni se sabe si lo hizo y de unas cremas supuestamente robadas en un supermercado-, cuando les cayó encima otro susto: el martes 22 de mayo fue detenido Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo con José María Aznar.

Al día siguiente, Rajoy y su partido se llevaron una gran alegría: el Congreso de los Diputados, gracias a que Ciudadanos y el PNV apoyaron con sus votos al PP, aprobó los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Muy tarde, porque debían haber sido aprobados en diciembre de 2017, pero eso garantizaba al presidente poder agotar la legislatura hasta 2020.

Pero la alegría les ha durado poco, solo unas horas, porque la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel es lo más grave que les podía ocurrir en este momento a Rajoy y al PP, y les ha helado las sonrisas.

La detención del exministro Zaplana

Lo de Eduardo Zaplana era un secreto a voces desde hace muchos años. Tiene derecho a la presunción de inocencia, como cualquier persona, y habrá que esperar a ver qué sentencia los jueces, en el caso de que finalmente llegue a ser juzgado. Pero eso no impide decir que desde que comenzó su dilatada carrera política como alcalde de Benidorm, en 1991, su nombre se ha relacionado con distintos casos de corrupción. Nunca ha sido acusado, juzgado y condenado, pero siempre ha tenido sobre él la duda de la sospecha.

Según las investigaciones llevadas a cabo en la llamada Operación Erial, el exministro tenía 10 millones de euros -que supuestamente habría cobrado en comisiones durante durante sus siete años como presidente de la Comunidad Valenciana- ocultos en Panamá y gestionados por empresas ubicadas en Uruguay, sin declararlo a la Hacienda Pública española.

Es cierto, como dicen y repiten en el PP, que ya no es un político en activo y no ocupa ningún cargo en el partido. Pero no hay que olvidar que Eduardo Zaplana fue alcalde de Benidorm por el PP, presidente de la Comunidad Valenciana por el PP, ministro de Trabajo con Aznar, portavoz de aquel Gobierno y portavoz del PP en el Congreso.

La incógnita de Albert Rivera

A veces las malas noticias no vienen solas. A la dimisión de Cristina Cifuentes y el arresto de Eduardo Zaplana se ha sumado la sentencia del caso Gürtel, un asunto mucho más grave y que ha llevado al PSOE a presentar una moción de censura contra Rajoy, para intentar desalojarle de La Moncloa y que Pedro Sánchez le sustituya como presidente del Gobierno. ¿Qué hará Ciudadanos, el partido de Albert Rivera? ¿Apoyará a los socialistas en esta moción? ¿Pedirá que el PP presente a otro candidato de ese mismo partido, como hizo en Murcia y como ha hecho en Madrid para sustituir a Cifuentes? En un partido como el naranja, donde están encantados de conocerse y muchas veces parecen actuar movidos únicamente por intereses electorales porque todas las encuestas les dan al alza, todo es posible. Toca esperar.

Tras la demoledora sentencia del caso Gürtel hay que plantearse unas cuantas preguntas. ¿Un país puede seguir gobernado por un partido que, según la Audiencia Nacional, ha tenido una caja B para financiarse ilegalmente?; ¿que ha colaborado durante años con una trama de corrupción organizada y ha percibido comisiones de empresas a cambio de adjudicarles contratos de obras o servicios públicos?; ¿que es el primer partido condenado como tal en España por beneficiarse de esas prácticas corruptas?; ¿que tuvo durante años un tesorero, Luis Bárcenas, que ahora ha sido condenado a 33 años de cárcel y 44  millones de euros de multa?; ¿que tiene a decenas de exdirigentes, excargos, exalcaldes y exconcejales pendientes de distintos juicios por corrupción?

¿Puede seguir gobernando España un presidente que, cuando declaró como testigo en este juicio, dijo que desconocía todo lo referido a la contabilidad de su partido o a una supuesta financiación paralela, pero el tribunal no le ha creído y dice en la sentencia que «su testimonio no es verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido»?

En cualquier país democrático de la Unión Europea la respuesta a esas preguntas sería rotunda: no, un país no puede ser gobernado por un partido de esas características. Y la consecuencia sería inmediata: el presidente dimitiría del cargo. Pero en España esto no va a ocurrir y Mariano Rajoy seguirá al frente del Gobierno, salvo que Albert Rivera y su partido piensen en los intereses generales de la ciudadanía más que en sus intereses electoralistas. Toca esperar.