No lo ha dicho el PSOE ni Podemos ni Izquierda Unida ni otro partido político de la oposición. No. Lo ha dicho el Consejo de Europa, un organismo del que no se puede afirmar que tenga algo contra el Gobierno del PP: España es el país de la Unión Europea que menos medidas adopta para luchar contra la politización de la Justicia. Y el Gobierno español, pese a las reiteradas advertencias que ha recibido, no ha hecho caso a las recomendaciones que le ha propuesto el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo.

Como es lógico, a Mariano Rajoy y a otros miembros del Gobierno y del PP se les llena la boca cada vez que Europa dice algo positivo de España -y lo dice de vez en cuando- y lo pregonan a los cuatro vientos. Hacen bien en presumir de las mejoras conseguidas, pero también deberían reconocer públicamente los reproches o críticas que reciben de la Unión Europea. Y, sobre todo, deberían poner en marcha con más rapidez medidas para resolver esas situaciones, cosa que no han hecho con la politización de la Justicia. España pertenece a la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo. Hay que estar a las duras y a las maduras.

Reiteradas recomendaciones desde Europa

Hace más de tres años, en enero de 2014, el citado Greco hizo 11 recomendaciones a España para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, así como para garantizar la independencia de la Justicia. Ni caso.

En octubre del año pasado, ese mismo organismo criticó con dureza que en España no esté garantizada la independencia del Consejo General del Poder Judicial respecto del Gobierno y las Cortes. En su informe recordó que los políticos no deben intervenir en el nombramiento de los magistrados para ocupar algún cargo en la carrera judicial. La historia se repitió: el gabinete de Mariano Rajoy hizo poco caso a esas recomendaciones.

Ahora, ocho meses después de esas críticas, el Consejo de Europa sitúa a España a la cola de los países de nuestro entorno en la defensa de la independencia judicial. Ese organismo europeo ha dado a conocer un informe en el que indica que el Gobierno español no ha cumplido tres de cada cuatro recomendaciones del Greco y solo ha puesto en marcha una cuarta parte de algunas de las medidas que le aconsejaron. Ningún otro país ha sido tan desobediente.

Algunas mejoras

En lo que sí ha mejorado España, según el informe del Consejo de Europa, es en el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción y en la adopción de medidas para evitar la financiación ilegal de los partidos políticos. También hay que decirlo.

Este informe del Consejo de Europa se ha conocido en un momento en que, por primera vez en la democracia, el Congreso de los Diputados ha reprobado al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al que era jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, que tuvo que dimitir tras estar solo tres meses repletos de polémicas en ese cargo.

No hay que olvidar los casos de magistrados que han sido recusados para que no intervengan en la tramitación de algunos casos de corrupción que afectan al PP, por las evidentes relaciones que mantienen con ese partido.

La Administración de Justicia siempre es polémica y criticada en España, tanto por su lentitud como por la falta de medios materiales y humanos y también por los casos de algunos jueces y magistrados que tienen demasiadas vinculaciones con el partido del Gobierno. Los partidos de la oposición la utilizan como arma arrojadiza contra el Gobierno correspondiente. Deberían pensar que ha llegado la hora de que todos, con el Gobierno a la cabeza, adopten las medidas necesarias para garantizar una Justicia más rápida y plenamente independiente. Como pide el Consejo de Europa.