Los resultados de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha han sido desastrosos. De los 141.693 votos (13,08 por 100) que logró en total Podemos (107.463, 9,92 por 100) y Ganemos-LV-IU (34.230, 3,16 por 100) en 2015 se ha pasado a los 74.372 votos (6,96 por 100) que ha obtenido Unidas Podemos (Podemos-IU-EQUO) en 2019; y de los dos escaños -casi tres- que se lograron entonces se ha pasado a no obtener ningún escaño ahora. Es decir, se han perdido la mitad de los votos y toda representación en las Cortes regionales. Un desastre sin paliativos.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno regional, José García Molina, que ha presentado su dimisión como secretario general de Podemos junto a la de todos los miembros de su Consejo de Coordinación, se ha negado, sin embargo, a admitir cualquier relación entre estos resultados y el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page o la propia campaña electoral. Pero hay un elefante en la habitación.

Como ya expuse en un artículo anterior, la entrada en el Gobierno regional se decidió mediante una consulta-trampa que vinculaba esa entrada a la aprobación de los presupuestos regionales, privando deliberadamente a los inscritos e inscritas de Podemos de la posibilidad de optar por la aprobación de unos presupuestos con avances sin necesidad de entrar en el Gobierno de García-Page, una opción que, de haberse contemplado, probablemente habría sido mayoritaria. En cualquier caso, y con independencia de cómo se hizo aquella consulta, el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page ha resultado un evidente fracaso y se ha demostrado innecesario, inútil y, sobre todo, contraproducente.

Ha sido innecesario porque ya habíamos echado del Gobierno regional al PP de Cospedal al inicio de la legislatura mediante un acuerdo de investidura sin necesidad de cogobernar y porque era en el parlamento autonómico donde Podemos tenía una posición decisiva y podía fiscalizar al Gobierno desde una oposición autónoma, mientras que en el Consejo de Gobierno el voto de Podemos ha sido irrelevante. En las Cortes decidía Podemos, mientras que en el Consejo de Gobierno ha decidido García-Page.

Ha sido inútil porque, como era previsible, García-Page no ha cumplido y ha impedido que el Gobierno remitiese a las Cortes las dos leyes -la de Garantías y la de Participación Ciudadana- cuya aprobación constituía un compromiso inequívoco del cogobierno y que podían haberse presentado perfectamente en las Cortes desde nuestro Grupo Parlamentario, lo que al menos habría obligado al PSOE a retratarse en la votación. Permanecer en el Gobierno de García-Page cuando este había evidenciado hasta la humillación que no tenía intención de cumplir no tiene otra explicación que el afán de aferrarse al sillón y negarse a admitir el error de haber entrado.

El «abrazo del oso»

Pero sobre todo ha sido enormemente contraproducente porque Podemos pasó de ser alternativa a ser partícipe directo de las políticas antisociales, insostenibles y represivas del PSOE de García-Page, como la externalización de servicios públicos, el apoyo a la minería especulativa o a la ganadería intensiva de las macrogranjas o la petición de penas de cárcel para los repobladores y repobladoras de Fraguas, además de guardar un clamoroso silencio ante escándalos del PSOE como el caso Incarlopsa. Obviamente, el fracaso del cogobierno y la claudicación ante el PSOE de García-Page han tenido graves consecuencias políticas y electorales para Podemos. Para el PSOE de García-Page, en cambio, este «abrazo del oso» de manual ha resultado un negocio redondo.

A ello se añade una campaña electoral que ha sido un verdadero cúmulo de despropósitos. Sin duda el más sonado fue la propuesta de plantear el empadronamiento en Castilla-La Mancha como criterio de priorización en el acceso al empleo público, lo que implica asumir el marco discursivo de la derecha de la disputa por la escasez entre la gente de abajo y del «los de aquí primero» en lugar del discurso de la izquierda sobre la igualdad de derechos y el reparto de la riqueza frente a la minoría privilegiada. Esta ocurrencia de José García Molina, que no pasó por el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos ni fue tampoco acordada con los socios de la coalición electoral, provocó el desmarque público de Izquierda Unida y el rechazo unánime de todos los sindicatos representativos de la Función Pública, que la tacharon, con razón, de xenófoba e inconstitucional. Concitar en tu contra la difícil unidad sindical en plena campaña electoral es, a todas luces, un error monumental.

Pues bien, lejos de rectificar, el candidato de Unidas Podemos optó por huir hacia adelante y quedarse solo defendiendo la propuesta de marras. No en vano, esta iba envuelta, entre otras, en un programa de campaña que exhibía en su portada a José García Molina en solitario en medio de la estepa castellana subido a una lujosa moto de gran cilindrada en cuyo espejo retrovisor aparecía reflejada su cara con la mirada perdida en el horizonte, una fiel plasmación gráfica de la ética y estética del «molinismo» y de su concepción de la política y del partido. De la multitud indignada en las plazas al líder visionario en el páramo. Mientras tanto, en la campaña sobre el terreno cundía la desorganización.

Pero difícilmente puede realizarse una campaña creíble y sólida cuando durante toda una legislatura no solo se ha seguido una trayectoria política errática y con fuertes bandazos, sino que además se ha llevado a cabo un desmantelamiento metódico y completo de toda la organización. En un polémico artículo publicado en diciembre de 2016 que constituía una verdadera declaración de principios e intenciones, José García Molina ya advertía que «habrá que hablar de ‘los que sobran’ en Podemos». Y, efectivamente, bajo su dirección se ha practicado una política sistemática de exclusión y acoso contra cualquier persona que no se plegase a un seguidismo ciego y acrítico del «molinismo»; una política sectaria que ha atravesado todos los niveles y ámbitos de la organización, desde el Consejo Ciudadano Autonómico a los círculos, pasando por el Grupo Parlamentario y las redes sociales oficiales del partido, consagradas al culto al líder. Al final sobraba tanta gente que el partido quedó reducido a poco más que una camarilla de afines en torno al secretario general.

Un torpe y repugnante intento de purga política

Sin duda, uno de los capítulos más bochornosos ha sido la campaña de difamación dirigida contra mi persona a través de liberados de esa camarilla que me acusaron falsamente y sin pruebas de trato sexista y discriminatorio en un lamentable escrito que fue convenientemente filtrado a los medios de comunicación. En los días siguientes, José García Molina aprovechó la coyuntura para desautorizarme públicamente como portavoz parlamentario y María Díaz, la secretaria de Organización, hizo declaraciones a la prensa en las que, vulnerando mi derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, se refería a las acusaciones como hechos y afirmaba que no se podía poner en duda su veracidad. Afortunadamente, la maniobra fue ampliamente percibida como un torpe y repugnante intento de purga política, pero no deja de evidenciar crudamente hasta qué extremo de miseria moral y falta de escrúpulos se ha sido capaz de llegar. La querella que presenté por delito de injurias y calumnias ha sido ya admitida a trámite y ahora quienes firmaron esas falsas acusaciones deberán acudir al juzgado a declarar como imputados.

No se trata en absoluto de un hecho aislado. La lista de malas prácticas del «molinismo» es francamente extensa, pero no es propósito de este artículo hacer inventario. No obstante, sí resulta especialmente preocupante la sospechosa opacidad en torno a las finanzas del partido y la rotunda negativa de José García Molina a mostrar la contabilidad completa que se le ha reclamado reiteradamente desde el Consejo Ciudadano Autonómico. Por un principio básico de transparencia, una de las primeras tareas de la gestora que se nombre por la dirección estatal o de la nueva dirección autonómica que resulte electa debería ser auditar las cuentas del partido en la región.

El final indigno y patético del «molinismo» ha estado verdaderamente a la altura de toda su gestión. Aunque José García Molina ha dimitido de su cargo como secretario general de Podemos, ha seguido aferrándose a su cargo de vicepresidente segundo de García-Page y cobrando del Gobierno regional. En cualquier caso, asumir responsabilidades no consiste solamente en dimitir de cargos, sino también y sobre todo en admitir errores y rendir cuentas de una gestión. Pero el vicepresidente segundo de García-Page ni siquiera ha tenido la decencia de convocar al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos para dar la cara, analizar los resultados y ofrecer un balance colectivo al electorado y la militancia, lo que habría mostrado un mínimo de respeto por toda la gente que ha participado en la campaña y por la organización de la que ha sido secretario general. Simplemente ha huido en su moto dejando tras de sí un rastro de nada más que humo y tierra quemada. Tanta paz lleve como descanso deja.