El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha confiado hoy que en el mes de marzo el Ejecutivo autonómico pueda aprobar el Plan de Garantías Ciudadanas, con el fin de enviarlo a las Cortes regionales.
Martínez Guijarro ha recordado que el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha está incluido en el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2017, con una dotación económica de algo más de 119 millones de euros y que su objetivo es el de garantizar determinado tipo de derechos a los ciudadanos de la región.
En estos momentos, el plan está siendo dado a conocer a las entidades sociales ya que no solo va a estar abierto al conjunto de los ciudadanos, sino que se está impulsando también a través de los distintos consejos que hay en la Administración regional, ha señalado el vicepresidente de la comunidad autónoma.
Así, el plan está siendo analizado hoy por el Consejo de los Servicios Sociales, después de que ya fuera analizado por el consejo en materia de vivienda, indicado Martínez Guijarro, por lo que solo resta que sea analizado por el Consejo Regional de Municipios.
Por lo tanto, falta que se analice en el Consejo Regional de Municipios y luego esperar unas semanas para poder recibir aportaciones e integrarlas en el documento, ha apuntado el vicepresidente regional, que espera que el Gobierno lo pueda aprobar en marzo y enviarlo a las Cortes autonómicas para su debate.
Ha recordado que este plan tiene su origen en un documento del grupo parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que asumió el Gobierno regional, incorporó algunas cuestiones y abrió un proceso de participación, para que los distintos colectivos que están relacionados con ese documento puedan hacer aportaciones y sugerencias.
El vicepresidente ha desgranado algunas de las medidas incluidas en el plan, que tiene tres ejes o líneas programáticas: el Programa de Garantía Habitacional, el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar y el Programa de Garantía de Rentas.
Una parte importante está destinada a la garantía de la vivienda para las familias que han tenido problemas sobrevenidos de insolvencia para el pago de la hipoteca o del alquiler.
Por ello, incluye una serie de garantías para evitar los desahucios y una serie de programas adicionales de ayuda al alquiler de vivienda para las familias que tienen menos recursos.
También contempla un programa de garantía de suministros, fundamentalmente para los energéticos (tanto eléctricos como de gas) en el que se incorporan una serie de elementos adicionales en materia de capacidad de negociación de las familias con las compañías suministradoras a través de los servicios de consumo.
Y se implementan programas de eficiencia energética, que pueden estar directamente dirigidos a las familias con más problemas para abordar el pago de la factura eléctrica o de la factura de gas, porque suele coincidir con los hogares que tienen peor eficiencia energética.
Además, en el consejo de vivienda se sugirió que las oficinas antidesahucio entren también en la parte de alquiler e incluso puedan asesorar en asuntos como las cláusulas suelo, ha comentado.
A su vez, el programa de garantía de rentas, muy ligado al empleo, en este caso a los planes extraordinarios de empleo, en cuya segunda convocatoria se ha reservado un 25 por 100 de las plazas para personas que están siendo atendidas en el ámbito de los servicios sociales, a través del ingreso mínimo de solidaridad.
Este aspecto se complementa con ayudas para garantizar el acceso a los servicios públicos, fundamentalmente a los servicios educativos, con potenciación de las becas de comedor, del programa de gratuidad de los libros de texto, incluso con algunas exenciones en las tasas para determinado tipo de enseñanzas no obligatorias en la comunidad autónoma, ha añadido.
Se une toda una revisión del sistema de servicios sociales, básicamente del servicio mínimo de solidaridad, ha agregado Martínez Guijarro, aunque ha puntualizado que es preciso hacer una serie de adaptaciones para dotarlo de mayor flexibilidad.