El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real ha declarado nulo el pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en el que se aprobó la memoria justificativa del cambio de modelo de gestión de la empresa municipal Aguas de Alcázar.
La concejala del grupo municipal socialista y candidata a la Alcaldía, Rosa Melchor, ha confirmado a Efe que la anulación de la sesión plenaria que se celebró el pasado 14 de octubre es consecuencia del recurso presentado por su partido por «vulneración de los derechos fundamentales y de participación política de los concejales de la oposición».
Esta decisión judicial también anularía todos los procedimientos posteriores como la firma del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Aqualia, ha subrayado Melchor quien ha agregado que la resolución puede ser apelada en el plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
El proceso de Aguas de Alcázar no se resolverá definitivamente hasta después de las elecciones municipales, «lo que facilitaría su remunicipalización» si el PSOE accediera al Gobierno del Ayuntamiento.
«Seguiremos adelante para conseguir este objetivo y uno de mis compromisos» como candidata a la Alcaldía, ha asegurado Melchor.
NO AFECTA A LA GESTIÓN
Por su parte, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha asegurado que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, que declara nulo el pleno donde se aprobó el cambio de gestión de la empresa de aguas no supone «consecuencia jurídica alguna».
En declaraciones a Efe, Ortega ha subrayado que la resolución no entra en el fondo ni cuestiona el cambio de modelo de gestión de la empresa de aguas, sino que se limita a decir que «el pleno se debería haber convocado con más días de antelación».
El regidor municipal ha recordado que los acuerdos que se tomaron en la sesión del 14 octubre de 2013 se volvieron a debatir en otro pleno, el 14 de mayo de 2014, tras subsanar los errores advertidos por el Tribunal de Recursos Contractuales y que obligó a volver a iniciar todo el proceso, por lo que los anteriores acuerdos quedaron «anulados».
Además, Ortega ha subrayado que, aunque el primer pleno de carácter extraordinario y urgente se convocó con cuatro días de antelación, dos de ellos inhábiles, la Ley de Contratos del Sector Público contempla el «mantenimiento de los efectos del contrato por interés general, independientemente de la forma de la convocatoria».
De cualquier forma, el alcalde ha anunciado a Efe que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) por entender que la convocatoria del pleno se realizó de forma correcta, con cuatro días en vez de hasta 24 horas de antelación y en base a la propia Ley de Contratos.