La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere relanzar la Oficina de Cambio Climático que desapareció hace cuatro años bajo el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Así lo puso de manifiesto hace unos días el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante el desayuno informativo «Espacio Reservado» de encastillalamancha.es y así lo confirmó a este diario el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, quien ha concretado que el Gobierno regional ya trabaja para que sea realidad y que su intención es que empiece a funcionar en verano de este año.
La Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha tiene como objetivo el asesoramiento en relación a las actuaciones y las políticas regionales relacionadas con el cambio climático, tanto en la vertiente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en la adaptación a las nuevas condiciones climáticas.
El viceconsejero ponía de manifiesto que esta oficina se encargará de analizar cuál es la situación de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las actividades industriales y agrícolas de la región, indicando por donde deben ir las políticas y las medidas a tomar para cumplir con los parámetros de emisión exigidos por las instituciones internacionales.
En términos generales, Agapito Portillo señalaba que Castilla-La Mancha no sobrepasa su límite de emisiones, algo a lo que contribuye mucho la gran superficie agrícola y forestal de la comunidad, su despoblamiento y los altos niveles de producción de energía a través de sistemas alternativos. En este sentido, añadía que «producimos con energías alternativas más de lo que consumimos».
A pesar de esta buena posición que ocupa la región, desde la Junta de Comunidades consideran necesario cuantificar estos indicadores, para promocionar dicho valor añadido de la región. En esta misma línea, uno de los retos del Ejecutivo de Emiliano García-Page será impulsar iniciativas para cuantificar la huella de carbono.
La huella de carbono es un certificado en el se que miden las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se realizan en la cadena de producción de bienes, desde la obtención de materias primas hasta el tratamiento de desperdicios, pasando por la manufacturación y el transporte. Por tanto es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de gases de efecto invernadero producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono. Con la huella de CO2, se pretende que las empresas puedan reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado de las emisiones que tienen lugar durante los procesos productivos.
Para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es importante trabajar en la reducción de la huella de carbono en las empresas y en las actividades agrícolas ya que daría a estas una ventaja competitiva por cuanto países como los del norte de Europa valoran cada vez más que los productos sean más sanos y menos contaminantes.
Si bien la Viceconsejería de Medio Ambiente ya está abordando este asunto, una vez se relance la oficina esta tomará el relevo para estudiar los efectos del cambio climático, motivo por el que ya se han encargado varios estudios a consultoras.