Los sindicatos UGT, CCOO y USO han convocado concentraciones de los vigilantes que se ocupan de la seguridad de edificios y dependencias de la Junta de Comunidades, para defender sus puestos de trabajo y para pedir que se mantenga el convenio estatal del sector.
Las concentraciones se van a llevar a cabo el 8, 9 y 16 de febrero ante el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional y el día 24 a las puertas del antiguo convento de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, según han avanzado hoy en una nota de prensa los tres sindicatos.
Asimismo, han indicado que el inicio de estas movilizaciones fue acordado por unanimidad por los vigilantes de seguridad, en una asamblea que celebraron en la tarde de ayer en Toledo, ante el inminente cambio de contratas en los servicios de seguridad de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Los vigilantes de seguridad temen, y así se les ha confirmado oficiosamente, que la oferta ganadora del concurso va a ser la planteada por la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergia, y ésta última tiene un convenio propio con salarios y derechos muy por debajo del convenio estatal del sector.
Sospechan que la nueva adjudicación del servicio en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara se hará con arreglo a un pliego de condiciones que no garantiza sus puestos de trabajo, sus salarios y sus condiciones laborales, que están reguladas en el convenio estatal de empresas de seguridad.
Defienden que se les aplique este convenio y abogan por que se retire el pliego de condiciones, si no lo garantiza, y por que se elabore uno nuevo que lo contemple.
Los vigilantes de seguridad y sus sindicatos ya habían convocado hoy mismo una concentración ante las Cortes regionales, con motivo del pleno que celebra la Cámara autonómica, pero decidieron aplazarla y dar una prórroga de diez días «como muestra de buena fe» ante el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Acordaron aplazar por diez días las movilizaciones ante la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha «a intentar elaborar un texto que sirva para garantizar el mantenimiento del empleo y la aplicación del convenio estatal del sector», han precisado.