El número de litigios que los juzgados de Castilla-La Mancha resolvieron en 2015 fue mayor en un 2,44 por ciento a los casos que entraron, ya que ingresaron 267.497 y se resolvieron 274.031, y también disminuyeron en los juzgados los asuntos pendientes un 4,91 % hasta los 137.665 a final de 2015.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha desgranado hoy en rueda de prensa los datos de la Memoria Judicial de 2015, un acto que habitualmente se realiza en Albacete -sede del Tribunal- pero que este año se ha trasladado a Toledo coincidiendo con la apertura del año judicial.
Vicente Rouco entregó la memoria judicial al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Rouco ha expuesto las necesidades de juzgados y personal en Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que sigue en último lugar del país en cuanto al número de jueces, con 10,4 por 100.000 habitantes frente a los 12,5 de media estatal.
Así, los juzgados de la región necesitan 39 jueces y magistrados: cuatro de órganos colegiados, 27 en juzgados y ocho jueces de adscripción territorial (dos para Albacete, Ciudad Real y Toledo, y uno para Cuenca y Guadalajara).
En infraestructuras, además de las obras iniciadas en la Ciudad de la Justicia de Albacete y los juzgados de Guadalajara, se necesitan nuevos edificios en Tomelloso, Torrijos e Illescas además de la ampliación del edificio de juzgados de Talavera de la Reina y Villarrobledo.
El presidente del máximo tribunal de la región ha señalado que la justicia «necesita medios», es un «baluarte» del Estado de Derecho y, también, una «garantía del funcionamiento de un sistema democrático en libertad», y ha agregado que los jueces son «en su inmensa mayoría» gente vocacional, profesional y preparada.
«Sería muy deseable que, desde el punto vista de la política, se aportarán los medios imprescindibles para que la justicia pueda funcionar adecuadamente, que tengamos un modelo de organización judicial que garantice esos principios y que los jueces puedan hacer su trabajo con honestidad, con rigor y con credibilidad», ha dicho Rouco, quien ha reivindicado un pacto de estado en esta materia.
«CAPACIDAD GRANDE DE RESPUESTA»
En cuanto a las cifras de la Memoria, ha destacado que los asuntos resueltos (274.031) y las sentencias dictadas (51.266) así como la reducción de casos pendientes muestra la capacidad «grande» de respuesta de los juzgados aunque se siga pensando que la justicia es lenta.
El aumento de litigios fue mayor en el ámbito civil, un 11 % hasta los 78.609 el año pasado, y está unido a procesos por reclamaciones a entidades financieras en los cuales los juzgados y tribunales «han hecho una labor excelente de tutela de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios aplicando criterios de tutela judicial de vanguardia», ha apuntado Rouco.
En el ámbito penal hay 164.846 nuevos asuntos, un 6,38 % menos que el año anterior debido, en parte, a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal ya que ahora no llegan al juzgado atestados sin autor conocido.
En 2015 se resolvieron 171.851 asuntos penales, lo que supone que disminuyeron un 17,26 % los casos pendientes, y en cuanto a las cinco audiencias provinciales su funcionamiento fue «normal» y recibieron un total de 9.616 asuntos (3.444 civiles y 6.172 penales).
En el ámbito social, los litigios han bajado un 11,38 % (12.139 nuevos asuntos) y se han resuelto 13.570 pese a lo cual aún quedaban a final de 2015 más de 10.000 asuntos pendientes.
Asimismo, en la jurisdicción administrativa bajaron los asuntos pendientes y se mantuvo el volumen de ingresos, ya que en este momento no se registran los datos elevados de años pasados, cuando había una gran actividad administrativa y se abrían muchos procesos relacionados con el urbanismo o las expropiaciones.
«DEBE HABER UN JUZGADO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CADA CAPITAL»
En cuanto a los Juzgados de Violencia contra la Mujer, Rouco ha recalcado que debe haber uno específico en cada capital de provincia (solo tiene Albacete). El año pasado se registraron 545 asuntos de orden penal, se resolvieron 539 y se adoptaron 112 órdenes de protección.
Rouco ha dicho que «no se puede hablar» de un incremento de este tipo de violencia pero ha mantenido el criterio de que son causas que requieren especialización y lo recomendable son juzgados exclusivos que lo atiendan.
Respecto a los delitos relacionados con la corrupción, el presidente del máximo Tribunal de la región ha señalado que la repercusión que tienen en Castilla-La Mancha es «mucho menor» que en otros tribunales, de ámbito nacional u autonómico, lo cual «no quiere decir que no debamos prestar atención», ha precisado.