El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumba la iniciativa del Gobierno regional de que éstos recuperen las 35 horas de semanales.
Imagen de archivo de una manifestación ante la Consejería durante la época del Gobierno de Cospedal.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estima el recurso promovido por el presidente del Gobierno contra al artículo 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 2015 que recogía la vuelta a las 35 horas semanales y modificaba la ley de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servicios sociales, que estipulaba que la jornada laboral de los empleados públicos de la región pasaba a ser de 37,5 horas semanales.
La sentencia, fechada el 22 de septiembre, ha contado con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal Ré al que se han adherido la vicepresidenta del tribunal, Adela Asua, y el magistrado Juan Antonio Xiol.
En los fundamentos jurídicos, la sentencia considera que fijar en 35 horas semanales la jornada general de trabajo de tres tipos de personal del sector público autonómico contradice la jornada general de trabajo mínima de 37,5 horas semanales del sector público, incluido el personal estatutario, establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Por lo tanto, continúa el fallo, la Junta de Comunidades invade de «modo mediato» un ámbito competencial reservado al Estado, a pesar de que, según apunta, el letrado mayor de las Cortes y la letrada de la Junta de Comunidades defienden lo contrario en sus alegaciones.
La sentencia señala que la ley castellanomanchega recurrida sobre la duración de la jornada laboral de los funcionarios autonómicos está estableciendo condiciones concretas de trabajo de dicho personal, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas, aunque insiste en que el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas «no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales».
En este caso, el Estado tiene la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios y para aprobar la legislación laboral y ambas amparan la aprobación de la disposición adicional de la ley 2/2012 en la que se prevé que la jornada laboral del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales.
Así, el tribunal aprecia, a partir de estas indicaciones, que dicha disposición adicional «admite una norma autonómica que iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca».
«Sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior, como sucede con el artículo 1 de la ley autonómica objeto de este recurso, que prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público autonómico será de 35 horas semanales de promedio de cómputo anual», señala la sentencia.
Por todo ello, concluye que el articulo 1 de la ley autonómica que regula las 35 horas semanales «no resulta ser un ejercicio constitucionalmente legítimo porque desconoce una norma que el Estado ha aprobado en uso de las competencias que le corresponden sobre el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico».
Como consecuencia de esta sentencia, también se declara inconstitucional la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades.
Los aproximadamente 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha dispusieron de la jornada laboral de 35 horas desde el 1 de enero de 2016, si bien el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, por lo que los funcionarios volvieron a las 37,5 horas el 6 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional dispusiera la suspensión de la medida como medida cautelar.
GOBIERNO DE CLM: «LAMENTAMOS QUE COSPEDAL SE HAYA SALIDO CON LA SUYA»
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado hoy que la líder del PP regional, María Dolores de Cospedal, «se haya salido con la suya», tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos.
El Ejecutivo castellanomanchego se ha pronunciado así y ha avanzado que convocará a los sindicatos de la Mesa de la Función Pública para analizar el fallo del alto tribunal.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que el Gobierno regional acata la sentencia pero «lamenta» el sentido de la misma y, en este contexto, ha indicado que el fallo cuenta con tres votos particulares «que, de alguna manera, vienen a dar la razón al Gobierno regional».
El consejero ha señalado, en un comunicado, que es «un día triste» para los empleados públicos y para «todos aquellos que queríamos mejorar la calidad de los servicios públicos»
La reducción de 37,5 a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados de la Junta comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2016, pero la medida fue suspendida en el mes de mayo de manera cautelar por el TC tras el recurso presentado por el Gobierno central en funciones.
La rebaja de la jornada laboral era un compromiso electoral del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y una medida demanda por todos los sindicatos de la Mesa de la Función Pública, que colaboraron en redactar las alegaciones al recurso del Ejecutivo central.
PSOE: «ES MUY LAMENTABLE QUE EL GOBIERNO NO DEJE A CLM REVERTIR LOS RECORTES»
Frente al fallo del TC, la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha opinado hoy que es «muy lamentable» que el Gobierno central en funciones no permita a la comunidad «revertir los recortes» realizados durante la pasada legislatura.
Fernández ha analizado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la ley de Castilla-La Mancha que reduce de 37,5 a 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta tras el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
A juicio de la portavoz socialista, el Gobierno decidió recurrir por «el empuje» de la expresidenta regional y líder del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal.
«Tenemos siempre encima la espada de Damocles de un Gobierno que no nos permite movernos», ha aseverado.
Por otra parte, Fernández ha denunciado que el PP haya recriminado al presidente regional, Emiliano García-Page, que modificó la jornada de trabajo «a sabiendas de que no iba a salir adelante» y ha recordado que la ley fue aprobada en las Cortes regionales con el apoyo de los diputados del PSOE y de Podemos, mientras que los parlamentarios del PP decidieron abstenerse.
«Cospedal está obsesionada con que no tomemos determinadas medidas para revertir los recortes», ha insistido Fernández, quien ha asegurado que los socialistas castellanomanchegos seguirán «trabajando para que no dificulten el camino».
La sentencia del TC recoge en sus fundamentos jurídicos que fijar en 35 horas semanales la jornada general de trabajo de tres tipos de personal del sector público autonómico contradice la jornada general de trabajo mínima de 37,5 horas semanales del sector público, incluido el personal estatutario, establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
PP: «PAGE FIJÓ LAS 35 HORAS A SABIENDAS DE QUE NO SALDRÍA»
Por su parte, el PP ha recriminado al presidente regional, Emiliano García-Page, que modificó la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que recogía la vuelta a las 35 horas semanales, «a sabiendas de que no iba a salir adelante» y lo hizo «intencionadamente mal».
El portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, se ha referido al «rapapolvo» del Tribunal Constitucional al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
«Page lo hizo a sabiendas de que no iba a salir adelante la reducción de las 35 horas de la forma y manera en que se hizo», ha indicado Cañizares, quien ha recordado que hay «fórmulas» para hacerlo correctamente, como se ha demostrado en varias diputaciones y ayuntamientos.
A juicio del PP, el Gobierno regional lo hizo «intencionadamente mal», para no tener que aplicar la reducción de la jornada, en lugar de buscar una solución con los trabajadores públicos.
En este sentido, Cañizares ha defendido que hay varias fórmulas para «satisfacer» las pretensiones de los empleados públicos de manera «legal» y dependiendo del tipo de colectivo y el servicio.
Así, se han aplicado en otras administraciones «diferentes soluciones» que pasan por aprovechar los periodos de cortesía o el horario que se destina a formación, siempre que sea online.
El PP ha señalado que en este momento el Ejecutivo autonómico tiene que «rectificar» tras una sentencia del Tribunal Constitucional que «era previsible cuando algo se hace intencionadamente mal».
Cañizares ha insistido en que «se puede hacer bien y de manera legal, pero hay que querer».