El Gobierno central ha decidido subir temporalmente un 20 por 100 el máximo de alumnos por clase de la educación obligatoria y fijar la carga lectiva del profesorado en un mínimo semanal 25 horas en infantil y primaria y 20 en el resto de enseñanzas no universitarias. El Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo, previsiblemente, un Real Decreto-Ley con estas y otras medidas con el fin de «ayudar» y «facilitar» que las CCCA cumplan el objetivo obligatorio de déficit autonómico del 1,5 por 100 este año.
En conferencia de prensa tras reunirse con los consejeros de Educación, Wert ha asegurado que «una amplia mayoría» de ellos se ha mostrado conforme con el plan del Gobierno y, si no se aplica, ha añadido, no se conseguirían los efectos perseguidos.
Cada comunidad podrá cumplirlo desde el curso próximo con «marcado carácter de flexibilidad», según sus necesidades de reducción del déficit, y para «poner a salvo», ha asegurado, toda educación sostenida con fondos públicos, con un impacto «escaso o nulo» sobre la calidad y sin perjudicar la equidad.
Sin embargo, comunidades no gobernadas por el PP han cuestionado las intenciones del Gobierno porque suponen un «desmantelamiento de las competencias autonómicas», según la consejera de Cataluña, Irene Rigau.
Las medidas se aprueban por decreto «sin margen de maniobra para las autonomías», ha lamentado el consejero en funciones de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica.
Wert se ha mostrado seguro de que el Gobierno no invade las competencias autonómica pero, si alguna comunidad lo cree así, puede recurrirlo. «Ya saben el camino», ha recordado.
Entre las CCAA que gobierna el PP, el consejero de Castilla-La Macha, Marcial Marín, ha señalado que el Ministerio les ha dado el «paraguas para poder ser flexibles y acometer medidas que no son impuestas».
El plan incluye la eliminación «transitoriamente» de la posibilidad de crear, en la educación no universitaria, nuevos complementos retributivos o retribuciones variables.
Además, las bajas laborales inferiores a 10 días lectivos se afrontarán con recursos humanos del propio centro; los módulos de FP media y superior de 2.000 horas se aplazan al curso 2014-2015; y se suspende la obligación de los centros de ofertar al menos dos de las tres modalidades del bachillerato.
Wert ha precisado que son medidas coyunturales y estructurales, según los casos, que se aplicarán ya el curso próximo.
Ha negado que, «de ninguna forma», este plan sea una reforma educativa en sí, sino que propicia las condiciones para que se pueda desarrollar en un futuro.
El nuevo máximo de alumnos por aula es algo «coyuntural», vinculado a la tasa de reposición de funcionarios de los presupuestos del Estado, así como la regulación de la carga lectiva, que podrá reducirse por razones de actividades de dirección y coordinación.
Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece un máximo de 25 alumnos por aula en primaria y de 30 en secundaria obligatoria, más un 10 por 100 en caso de estudiantes de escolarización tardía durante el curso.
Hasta ahora no había normativa estatal forzosa sobre las horas de docencia obligatorias, sino que cada comunidad tenía autonomía para determinarlas.
La media venía siendo del entorno de las 24 ó 25 en primaria y entre 18 y 21 en secundaria por semana.
Entre otras comunidades, Madrid y Castilla-La Mancha ya han subido en este curso las horas de ESO de 18 a 20, lo que dio lugar a movilizaciones sindicales, incluidas huelgas.
Sobre los módulos citados de ciclos formativos, Wert ha señalado que podría ser temporal, pero no ha descartado que, mientras tanto, se haya reformado la FP.
Será permanente la supresión de la obligación de ofrecer al menos dos modalidades de bachillerato, por razones de eficiencia, así como que los centros asuman con su personal las bajas docentes inferiores a 10 días, que hasta ahora eran tres, según fuentes sindicales.
Preguntado por si estas medidas implican pérdida de empleo en la enseñanza pública, ha indicado: «Esto no se puede plantear en términos de despidos; en su caso, se podrá plantear en términos de no renovación de contratos».
El ministro ha dicho que su equipo mantendrá el «contacto necesario» con los sindicatos, aunque el diálogo «importante» es el que se establezca entre estos y las comunidades.
El jueves se reunirá con los responsables autonómicos de universidades para seguir tratando medidas de ajuste.