El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España ha recibido un total de 36 reclamaciones por denegación de información de Castilla-La Mancha entre los meses de enero y septiembre de este año.
Así lo ha manifestado hoy la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Esther Arizmendi Gutiérrez, durante su comparecencia en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo.
Arizmendi ha señalado que, del total de 36 reclamaciones recibidas desde Castilla-La Mancha, 22 han sido por denegación de información de las entidades locales, seis de la comunidad autónoma y el resto de otros organismos.
Las reclamaciones contra la comunidad autónoma eran en relación con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, mientras que las de los municipios tenían que ver con temas urbanísticos y de funcionamiento del Ayuntamiento.
Asimismo, del total de 36 reclamaciones, 34 lo han sido por haber recibido como respuesta el silencio administrativo, ha explicado Arizmendi, quien ha manifestado que eso le disgusta porque «la administración tiene la obligación de contestar a los ciudadanos» y no hacerlo «va contra el espíritu de la transparencia», que es contestar a todo.
Quizás se haya debido a falta de medios o de formación, pero en cualquier caso habría que trabajar en mejorarlo, ha asegurado la presidenta del Consejo de Transparencia.
Arizmendi ha señalado que, de las siete comunidades autónomas que tienen suscrito un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Castilla-La Mancha es la que ha acumulado más reclamaciones por recursos contra denegaciones de información.
Ha señalado, no obstante, que eso es normal, porque de las siete, es la comunidad más extensa, y ha agregado que se ha detectado también un incremento de las reclamaciones desde enero a septiembre, con una media de cinco al mes.
«QUE LOS ALTOS CARGOS PRESENTEN DECLARACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES»
Por otro lado, el responsable de «gobiernotransparente. com», Rafael Ayala, ha planteado hoy que los altos cargos deban hacer públicas tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, para verificar que otras actividades u ocupaciones no influyen en sus decisiones.
El responsable de «gobiernotransparente.com» y la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, han comparecido hoy en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 para dar sus opiniones y recomendaciones al respecto.
Ayala, que ha precisado que la vigente Ley del Gobierno está funcionando bien pero que se pueden introducir mejoras para adaptarla a la nueva realidad, ha explicado que su propuesta de presentar tres declaraciones se basa en la que está resolviendo el gobierno mexicano a partir de la iniciativa ciudadana Tres de Tres.
TRES TIPOS DE DECLARACIONES
Consiste en que los diputados electos y altos cargos, más sus cónyuges e hijos, deban presentar tres tipos de declaraciones, la de patrimonio desde el inicio al final del mandato; la fiscal para que se pueda ver si pagan impuestos o no; y la declaración de intereses, en la que tendrán que identificar actividades o ocupaciones que pudieran intervenir o influir en sus decisiones.
Esta declaración de intereses podría abarcar desde los cinco años anteriores y comprendería, por ejemplo, actividades profesionales o participación en fundaciones y organizaciones, y sería una fórmula de lucha contra la corrupción.
Ayala ha indicado que el gobierno abierto debe incluir los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
En cuanto a transparencia, ha afirmado que no se debe olvidar recoger ninguna institución, por tanto, cuantas menos excepciones, mejor.
La rendición de cuentas ha de ser, bien desde el propio gobierno, o bien que este dé instrumentos a la ciudadanía para conocer la actividad gubernamental.
La participación ciudadana, a su vez, se entiende como un mecanismo de «cocreación» de políticas públicas.
Ayala ha apuntado que habría que determinar quiénes son altos cargos y, además, regular su conducta mediante un código ético.
UN ESTATUS PARA LOS EXPRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Ha abogado por que los expresidentes de la comunidad autónoma tengan un estatus, consensuado por todos, y entender que pueden suponer una oportunidad por la experiencia que acumulan.
Respecto a las incompatibilidades, ha opinado que no hay que ser muy estricto pero que tienen que quedar claras, y considera que se deberían regular detalladamente cuando pueda haber conflicto de intereses por derivarse del presupuesto público.
Ayala ha opinado también que las deliberaciones del Consejo de Gobierno deben ser secretas, pero las votaciones y las actas deben hacerse públicas si no hay colisión con la protección de datos.
Ha planteado estudiar si el capítulo referido a la publicidad del gobierno debe incluirse en la ley del gobierno o en la de transparencia o en las dos.
Por su parte, Esther Arizmendi ha centrado su comparecencia en la transparencia y ha planteado que ésta debería incluir al Consejo de Gobierno como sujeto obligado.
Ha propuesto asimismo que la transparencia llegue hasta las agendas de los altos cargos.
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha sugerido asimismo redactar un extenso régimen de incompatibilidades para que éstas puedan ser detectadas con anterioridad y evitar después situaciones vergonzantes.
Arizmendi considera que separar en la futura modificación la Ley del Gobierno por un lado y la del Consejo Consultivo por otro tiene la ventaja de dar entidad propia al Consultivo como órgano independiente del Gobierno, pero el inconveniente de que ya hay muchas leyes en España y a veces eso es un problema.