La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha reiterado hoy que, desde la puesta en marcha de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la Junta, hace ahora un año, han pasado por éstas un total de 1.068 personas, sin que se haya quedado ninguna de ellas en la calle.
Así lo ha asegurado De la Cruz, la firma en Toledo de un convenio de colaboración entre su departamento y Globalcaja y Caixabank, por el que ambas entidades financieras se comprometen a derivar los casos de afectados que no pueden hacer frente a su hipoteca a dichas oficinas para que éstas «trabajen con esas familias y busquen posibles soluciones«.
De la Cruz ha precisado que la Junta intervenido en los 1.068 casos que han acudido a las oficinas, en la mayoría de ellos facilitando una reestructuración de deuda, si bien en 36 de estos casos, en los que ya había abierto un proceso judicial tendente al lanzamiento de la familia de la vivienda, se negoció una dación en pago o alquiler social y solamente, en un caso, la Junta tuvo que proporcionar a una familia un vivienda social.
Dicho esto, la titular regional de Fomento ha hecho una valoración «muy positiva» de este instrumento puesto en marcha por la administración regional para evitar los desahucios.
Y ha agregado que es intención del Gobierno regional ampliar la cartera de servicios de estas oficinas de intermediación hipotecaria con rehabilitación de vivienda y más viviendas sociales, con el fin de ir dando forma al Plan de Rescate Habitacional al que se comprometió el presidente regional, Emiliano García-Page.
Los firmados hoy son los primeros acuerdos que alcanza la Junta de Comunidades con entidades bancarias buscando un compromiso conjunto en materia de desahucios y, según la consejera, en breves fechas habrá más novedades en relación a la implicación de entidades bancarias en el área de vivienda.
Por parte de Globalcaja ha firmado el acuerdo su presidente, Carlos de la Sierra, quien ha resaltado que el convenio rubricado hoy pone «objetividad» y «cariño» y fija «un lugar de encuentro» o un «punto intermedio» entre la entidad bancaria y el cliente, dado que «nosotros estamos para servir a nuestros clientes y ciudadanos».
Además, de la Sierra ha recalcado que en la entidad que preside no se ha producido ningún desahucio desde el inicio de la crisis.
Por su parte, el director territorial de Instituciones de Caixabank en Castilla-La Mancha, José Luis Escaso, ha redundado en la necesidad de las oficinas del Gobierno regional «como un lugar de acuerdo donde el afectado se sienta cómodo y «donde todo va a ser más fácil y más fluido» porque «las personas que acuden a hablar con nosotros lo hacen con cierta reticencia», ha reconocido.
Fuentes de la Consejería de Fomento han detallado en una nota que, según el texto de los convenios, se tratará de manera prioritaria de conseguir alternativas a los procesos de ejecución para salvaguardar la vivienda principal de las familias con problemas para hacer frente a las cuotas.
El propósito es que los clientes de las dos entidades bancarias firmantes con dificultades para hacer frente a la hipoteca dispongan desde el primer momento de una actuación conjunta y coordinada entre el afectado, su banco y las oficinas del Gobierno regional, de forma que no tenga que acudir en busca de los recursos de las oficinas de intermediación hipotecaria, sino que se le ofrezcan ‘de oficio’ desde la propia entidad acreedora antes de iniciar el procedimiento judicial.
De hecho, y gracias al convenio, las entidades bancarias se comprometen a no iniciar ningún procedimiento de ejecución hipotecaria en Castilla-La Mancha sin previamente notificar expresamente la posibilidad de acudir a la asistencia, asesoramiento e intermediación de las oficinas, comprometiéndose además a paralizar las acciones judiciales mientras se dialoga sobre una alternativa al desahucio.
La intermediación de las oficinas con las entidades intentará a partir de ese momento desde la reestructuración del préstamo hasta su rehabilitación mediante el pago de las cuotas vencidas si fuese posible hasta la consecución de una quita, negociar una dación en pago, la venta del inmueble e incluso procurar a los afectados un alquiler social que no supere el 30 por 100 de la renta disponible del deudor.
En casos extremos en los que el desalojo sea irrevocable, las oficinas del Gobierno regional y las entidades firmantes colaborarán para procurar un alquiler social asequible.