El Gobierno regional ha llegado a un acuerdo para que los desahucios de alquileres sean atendidos por las Oficinas de Intermediación Hipotecaria. Solo se tratarán los casos en vivienda habitual y única, y se actuará tras el informe que acredite la necesidad social y acuerdo entre las partes.
El acuerdo firmado permite ampliar el área de cobertura de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la Junta a los alquileres, siempre que estos sean de vivienda única y habitual de la persona o familia afectada y que esté ubicada en territorio de Castilla-La Mancha. Se trata, de una medida completamente “pionera” en España y que “amplía las prestaciones” de un convenio que “hemos ido puliendo en su aplicación” pero cuyo funcionamiento “nos hace sentirnos muy satisfechos”, explica la consejera de Fomento de CLM, Elena de la Cruz.
La consejera ha firmado hoy con el presidente del Colegio de Trabajadores sociales de Castilla-La Mancha, Florencio Alfaro, y los decanos de los Colegios de Abogados de Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega; Talavera de la Reina, Margarita Cerro; y Toledo, José Sánchez, una adenda a los siete convenios suscritos en octubre del año pasado y que permiten dotar de personal especializado al programa de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades.
Tras casi un año de funcionamiento de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, el Gobierno regional opta así no solo por renovar los servicios que ya prestaba sino por ampliar las prestaciones a través de las oficinas, desde las que se ha atendido a más de un millar de afectados y se ha evitado que 36 familias de Castilla-La Mancha pierdan su hogar al tener un procedimiento de desahucio abierto en sede judicial con fecha de lanzamiento fijada.
SUBEN LOS DESAHUCIOS EN ARRENDAMIENTOS
La inclusión de los arrendamientos como objeto de atención ciudadana obedece a la evolución que están presentando las cifras, tanto a nivel nacional como autonómico. Mientras en España las ejecuciones hipotecarias han bajado entre marzo de 2015 y 2016 en un 30 por 100 y en Castilla-La Mancha en un 12 por 100, las ejecuciones derivadas de alquileres se han incrementado en territorio nacional en un 2,47 por 100 en el último trimestre (un 11,7 por 100 en la región en el interanual tras el cierre del primer trimestre de cada año). De la Cruz ha precisado que estos datos son “globales” y que no precisan si los bienes afectados son viviendas habituales u otros recursos arrendados.
Este incremento del impacto de los lanzamientos en viviendas alquiladas ha movido al Gobierno de Castilla-La Mancha a una decisión que no había tomado hasta ahora ninguna comunidad autónoma. Los servicios que prestarán las OIH a través de esta línea consisten en informar al arrendado sobre sus derechos, evaluar el caso mediante un informe social que justifique las razones objetivas de los impagos, el establecimiento de mecanismos de mediación y acercamiento de posturas si lo solicitan ambas partes, la gestión de ayudas sociales complementarias y en caso extremo la búsqueda de un recurso habitacional alternativo si finalmente no puede evitarse el desalojo de la vivienda.
Elena de la Cruz ha explicado el compromiso que tiene desde el primer momento con todas aquellas personas en riesgo de perder su hogar. La consejera considera que con este paso adelante en la labor de las oficinas “estamos en la dirección adecuada” y ha expresado su convicción de que el modelo se implantará en otras comunidades autónomas, como ha sucedido con los procedimientos de atención de las OIH.
Por su parte, el decano de los abogados de Toledo, José Sánchez, ha agradecido el “tremendo esfuerzo” que está realizando en la materia la Consejería, y en particular la Dirección General de Vivienda que encabeza José Antonio Carrillo. Sánchez ha recordado que la función social de los abogados está escrita en sus estatutos y que el colectivo de letrados está “contento” con el convenio porque “se están cumpliendo sus fines”. Sánchez ha aclarado que los destinatarios del convenio no son quienes incurren sin motivo en un impago voluntario de las rentas, sino “quienes están en situación de verdadera desprotección social”.
El presidente de los trabajadores sociales, Florencio Alfaro, ha indicado que le parece “positivo que seamos pioneros” en la atención desde la administración pública a “este drama tan grande”, al tiempo que ha definido como “modélica” la colaboración mutua del Gobierno regional con los Colegios Profesionales. “Siempre se puede mejorar y avanzar, como con esta adenda”, ha precisado, defendiendo la necesidad de “arropar y dar calidez” a los afectados.