El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado «totalmente en desacuerdo» con las cifras provisionales comunicadas a Castilla-La Mancha para 2017 y espera que los ajustes del Gobierno se refieran a la Administración central, no a las autonomías.
Por otro lado, el consejero ha defendido que sean las comunidades autónomas las que establezcan la jornada «más apropiada» para sus empleados públicos.
Todo esto lo ha dicho durante el acto institcional del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Toledo.
En declaraciones a los periodistas antes del acto institucional con motivo de la patrona de la Guardia Civil, el consejero se ha referido a las entregas a cuenta que se ha notificado a Castilla-La Mancha, que viene ser «el grueso» de la financiación del presupuesto de 2017.
LAS CIFRAS SUPONEN UNA CONGELACIÓN RESPECTO A LAS DE 2016
Se ha mostrado «totalmente en desacuerdo» con las cifras, que suponen una congelación respecto a las de 2016, y ha señalado que necesitan conocer «con exactitud» los ingresos de 2017 para elaborar el presupuesto autonómico «con el máximo rigor».
«Lo que no puede ocurrir es que las comunidades autónomas seamos las pagadoras de la situación política nacional», ha indicado Ruiz Molina, quien ha precisado que espera que los ajustes a los que se ha referido el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, sean para la administración central.
El consejero ha explicado que, en consecuencia, en la distribución del objetivo del déficit se debe exigir más a la Administración del Estado que a las autonomías.
Ha señalado, en este contexto, que las comunidades soportan «el grueso del gasto, fundamentalmente social» que tiene el país.
POR QUE LAS CCAA DECIDAN, COMO ANDALUCÍA, LA JORNADA DE SUS FUNCIONARIOS
Por otra parte, el consejero , ha defendido que sean las comunidades autónomas las que establezcan la jornada «más apropiada» para sus empleados públicos.
Ruiz Molina se ha referido al decreto ley aprobado ayer en Andalucía para dar cobertura legal a que más de 270.000 empleados públicos recuperen a partir del 16 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales.
El consejero ha señalado que se trata de «un nuevo intento» para «forzar» al Estado a que cambie la normativa «y seamos las comunidades autónomas las que podamos establecer la jornada que consideramos más apropiada para los empleados públicos de cada comunidad».
Lo que ha hecho Andalucía es, en opinión de Ruiz Molina, «reclamar y poner en valor el principio de autonomía competencial», y ha agregado que «no puede ocurrir» que sea el Estado el que regule la jornada de los funcionarios de todas las comunidades.