Con el objetivo de atender necesidades de personas en situación de «vulnerabilidad», el Gobierno regional y Bankia han firmado el primer convenio por el cual la entidad cede 19 viviendas que se destinarán a alquiler social en el seno del Programa de Intermediación Hipotecaria.
La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz; el director general de Urbanismo y Vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo, el primero por la derecha; y los representantes de Bankia, Joaquín Holgago y David Menéndez.
La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, el director corporativo de la Territorial en Castilla-La Mancha de Bankia, Joaquín Holgado, y el director de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la entidad, David Menéndez, han firmado en la mañana de hoy un convenio por el que la entidad bancaria pone a disposición de la Junta 19 viviendas que se emplearán en alquiler social en el seno del Programa de Intermediación Hipotecaria del Gobierno regional.
La titular de Fomento ha dicho que es «el primer paso» de otros que se están gestando desde la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, y se enmarcan dentro del giro de «180 grados» que según la consejera ha hecho el Gobierno regional en materia de vivienda en poco menos de un año.
Tratan de implicar a los bancos en colaboración para atender las necesidades de vivienda de personas «especialmente vulnerables» a precios asequibles.
Bankia destinará esta bolsa residencial a personas con especial vulnerabilidad y que determinarán las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, prioritariamente a colectivos como personas dependientes o discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género, familias en riesgo de exclusión social, monoparentales con hijos y familias con hijos menores de tres años a su cargo, así como personas en situación de desempleo que hayan agotado las prestaciones, personas mayores que sustenten con su pensión a la unidad familiar. Las cuotas de alquiler, que gestionará Bankia, se determinarán en cada caso en función de la situación, no pudiendo superar en ningún caso el 30 por 100 de los ingresos.
Este primer grupo de vivienda están en Albacete, Toledo y Tomelloso, que es donde la entidad tiene un mayor parque de viviendas vacías. Además, la intención de la entidad es aumentar las casas asignadas al convenio mediante futuras adendas para que las personas en riesgo de exclusión residencial cuenten «con un recurso habitacional digno y alternativo» y «con unas rentas moderadas», ha explicado Holgado.
El acuerdo se renueva tácticamente cada año y establece una comisión mixta de seguimiento que se reunirá al menos una vez por semestre y se encargará de revolver cualquier incidencia que pudiera surgir en su aplicación práctica.
De la Cuz ha explicado que tienen «la voluntad de ampliar los recursos habitacionales», con un enfoque social gracias a las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) y ha anunciado que desde esta semana han incorporado actuaciones para familias con problemas para pagar los alquileres. Este acuerdo se suma al suscrito por Fomento con Caixabank y Globalcaja para colaborar con las OIH.
Se han aprobado las nuevas bases de ayudas al alquiler, con una aportación para 2017 de 4,3 millones de euros de fondos propios de la Junta, que se aumentarán con la asignación del Ministerio de Fomento, una vez prorrogue oficialmente el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que se extingue este año. La Consejería espera aproximarse a las 4.200 ayudas que se otorgaron el pasado mes de febrero y que duplicaron en fondos (6 millones de euros) los 3,3 millones con que se saldó la convocatoria de 2014.