El Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy acaba de asestar otra puñalada más a Castilla-La Mancha, y ya van muchas, al autorizar el trasvase de otros 60 hectómetros cúbicos de agua del río Tajo al Segura durante el último trimestre de 2016. Y no sirve como justificación decir que esta decisión se ajusta a la ley, porque basta con ver el río a su paso por Toledo o Talavera para comprobar que el caudal mínimo que fija la ley para poder autorizar un trasvase no existe en una cuenca que se parece más a una cloaca que a lo que debe ser un río por definición: una corriente de agua.

Los últimos datos son muy graves: el 1 de octubre, los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo, de los que se toma el agua para trasvasar, estaban solamente al 17,75 por ciento de su capacidad total (tenían 439 hectómetros cúbicos de los 2.474 que pueden contener). Una semana después el nivel habia descendido aún más y se situaba en 436 hectómetros cúbicos (el 17,63 por 100). Pero si de esa cantidad se resta la parte que es lodo y cieno en el fondo, los expertos calculan que el volumen real de agua embalsada está en torno al 10 por 100 de la capacidad total.

LO QUE CONSUMIRÍA TOLEDO EN 15 AÑOS

En esa lamentable situación, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha autorizado trasvasar 20 hectómetros cúbicos de agua en octubre y otras cantidades iguales en noviembre y en diciembre. Esos 60 hectómetros cúbicos equivalen al agua que consume una ciudad como Toledo o Talavera durante 15 años, según la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche.

Para justificar la legalidad de éste y de los anteriores trasvases autorizados este año -incluso en pleno verano, mientras varias poblaciones de la cabecera del Tajo eran abastecidas con camiones cisternas para el consumo humano-, el Gobierno ha dicho que las normas que regulan el travase Tajo-Segura permiten trasvasar agua este año mientras el nivel de los dos embalses no sea inferior a 336 hectómetros cúbicos. Pero no tiene en cuenta la parte embalsada que no es agua, sino mierda, pese a los informes de especialistas, de asociaciones como la citada anteriormente e incluso del Parlamento Europeo, que visitó la cuenca en febrero último y redactó un informe demoledor contra la gestión que se está haciendo del trasvase.

La autorización de estos tres nuevos trasvases ha hecho saltar todas las alarmas y ha conseguido algo que debería ser más frecuente en la vida política actual: todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Talavera (PP, PSOE, Ganemos Talavera y Ciudadanos) han acordado de manera unánime, a propuesta de Ganemos Talavera, pedir a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que insten al Gobierno central a revisar y modificar las actuales normas de gestión del trasvase.

UN CAUDAL «POLÍTICO», NO ECOLÓGICO

El alcalde y los concejales talaveranos dicen, y tienen toda la razón, que la actual legislación «no establece un régimen de caudales ecológicos, sino un mero caudal ‘político’ eufemísticamente denominado legal, que no son sino las sobras del trasvase Tajo-Segura».

Es probable que, aunque los diputados atiendan la petición de la corporación talavera, el Gobierno de Rajoy no haga caso a lo que le pida el Congreso, como ocurre con muchas de las proposiciones no de ley que aprueba esa Cámara y que el Ejecutivo no cumple.

Mientras tanto, continuarán sin ser aplicadas las recomendaciones del Parlamento Europeo, que fueron acordadas unánimemente por los 11 eurodiputados que visitaron la cuenca del Tajo en febrero -incluidos los del Partido Popular Europeo-, entre otras éstas: cambiar el modelo de gestión de los recursos hídricos, revisar el caudal ecológico acordado para el Tajo porque no es suficiente y utilizar desaladoras de agua del mar financiadas con fondos europeos en el litoral levantino.

«ATROPELLO, INSULTO Y SAQUEO»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado varios recursos contra los últimos trasvases aprobados y el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver otros presentados en su día contra las normas que regulan el trasvase. Pero, mientras la Justicia se pronuncia, el Gobierno central sigue aprobando trasvases que, en palabras de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, son «un atropello y un insulto», un «saqueo» del agua de los embalses de la cabecera y, en definitiva, una prueba de la «gestión aberrante» que está haciendo el Ejecutivo en este tema, amparándose para ello en un «aparataje jurídico» preparado para poder actuar de esta manera.

El 28 de agosto de 2009 se manifestaron en Talavera unas 30.000 personas contra el trasvase Tajo-Segura, entre ellas el entonces presidente del Gobireno regional, el socialista José María Barreda, y representantes de todos los partidos políticos. Fue la protesta más numerosa de todas las que ha habido desde que comenzaron las obras del trasvase, en el año 1970.

Una vez visto y comprobado que no basta con recurrir a la Justicia, aunque está bien que se haga, que tampoco han servido las recomendaciones del Parlamento Europeo ni las protestas de algunos ayuntamientos de la cuenca del Tajo y que los electores no tienen en cuenta este problema a la hora de votar en las elecciones generales, quizá ha llegado la hora de que organizaciones como la Plataforma citada y otras, junto con los Ayuntamientos, el Ejecutivo regional, las comunidades de regantes y la ciudadanía vuelvan a salir a la calle para exigir al Gobierno que dialogue, busque soluciones para no seguir arruinando la agricultura de la cuenca del Tajo.

No es justo que desde Murcia, Almería y Alicante digan y repitan que Castilla-La Mancha es insolidaria porque se opone a más trasvases, porque no es insolidario quien no da lo que no tiene pero ofrece otras soluciones. El agua en esta región no sobra, pero allí la pueden conseguir con el uso de las desaladoras subvencionadas por Europa.