Aseguran que «algunas administraciones han consentido y hasta autorizado que se cace en situaciones de falta de seguridad o que se cierren caminos, senderos o vías pecuarias, incluso dentro de espacios protegidos, como el Parque Nacional de Cabañeros o en el Parque Natural de Valle de Alcudia, ambos en Ciudad Real».
«Con el inicio de la temporada hábil de caza durante el mes de octubre comienza un periodo lesivo y peligroso para quienes desarrollan actividades y otros aprovechamientos en el medio natural», informa Ecologistas en Acción en nota de prensa.
Recuerdan que «los accidentes y molestias por disparo son el primer y más grave problema. Hay muchos cazadores que no respetan las zonas y distancias de seguridad. Tampoco comprueban debidamente hacia qué dirigen su disparo. O no tienen la destreza mínima para empuñar un arma, sea por edad, por embriaguez o por cualquier otra circunstancia que disminuya su aptitud física». Por ese motivo, ocurren muchos accidentes entre los propios cazadores que se cobran una media de 28 muertos y varios miles de heridos todos los años.
Situaciones con consecuencias físicas, incluso mortales, ya se han producido (un recolector de setas murió en Casavieja, Ávila, en 2014, un recolector de castañas falleció en Tedejo, León, en 2012, un ciclista resultó herido en Berrocalejo de Aragona en 2012, etcétera). Pero además no es raro ver a cazadores disparando en dirección a caminos o carreteras. Los perdigones han llegado a caer sobre personas y vehículos.
CORTE DE CAMINOS
Por otra parte, denuncian «otro grave problema es el corte de caminos y vías pecuarias, a veces ilegales, a veces consentidos por ayuntamientos y consejerías de medio ambiente. Pueden ser temporales, mientras dura una cacería, o permanentes, si además se ha instalado una puerta o una barrera sin indicaciones de que debe estar abierta y de que el tránsito es libre. En algunos casos, se han llegado a colocar en cotos de caza cables que han producido graves accidentes con bicicletas y caballerías. En Galicia y Toledo se han registrado estas situaciones, tanto en montes privados como en montes públicos que tienen cedida la caza a particulares».
Lejos de solucionar estos problemas, aseguran que algunas administraciones han consentido y hasta autorizado que se cace en situaciones de falta de seguridad o que se cierren caminos, senderos o vías pecuarias, incluso dentro de espacios protegidos, como el Parque Nacional de Cabañeros o en el Parque Natural de Valle de Alcudia, ambos en Ciudad Real.
Entre las medidas inmediatas que pide la asociación a las administraciones, particularmente a las Comunidades Autónomas como responsables de la gestión de la caza, están las siguientes: Cierre inmediato de cotos donde no se respeten las zonas y medidas de seguridad, aumentar las zonas donde esté prohibido cazar, señalización obligatoria de las zonas de seguridad a cargo de los cotos, dar publicidad a las monterías y ganchos, aumentar la vigilancia y las inspecciones a los cotos y asistencia obligatoria de agentes medioambientales a los ojeos, las batidas, ganchos y monterías, aumentar edad para cazar hasta los 18 años, control de alcoholemia a cazadores los días de caza y prohibir la caza nocturna.