El Gobierno de la Diputación de Toledo ha criticado hoy en un comunicado que «el Grupo Popular en la institución siga faltando a la verdad de forma reiterada cuando afirma que no se le ha proporcionado la documentación requerida sobre contrataciones y su obsesión por judicializar la vida política con la única pretensión de dañar la gestión de la Diputación de Toledo y su nueva forma de gobernar».
Y añade que «ha recurrido la decisión judicial al no estar de acuerdo con la misma, pues existe constancia documental de la entrega de esos documentos, además de dar cuenta en todos los plenos de los decretos de contratación, y la posibilidad de consultarlo en el Portal de Transparencia de la institución».
Desde la Secretaria General de la Diputación de Toledo «se ha facilitado al Grupo Popular los documentos requeridos, tal y como puede demostrarse documentalmente, constatándose la entrega con la firma de responsables políticos o asesores del Partido Popular en la Diputación», insiste el Gobierno provincial.
«Además de no pronunciarse en las diferentes sesiones plenarias en las que se ha dado cuenta de los decretos de Presidencia de todas las contrataciones de todos los meses del año, cuando esa documentación ha estado a disposición de los señores diputados, en el sumario del Juzgado correspondiente también se han aportado esos decretos, a disposición de los diputados firmantes del recurso interpuesto», agregan los actuales máximos responsables de la Diputación.
El Gobierno provincial, por lo tanto, «niega tajantemente las acusaciones y falsedades del señor García-Tizón y del Grupo Popular, empeñado en judicializar la vida política en la Diputación de Toledo de forma innecesaria, generando un alto coste económico a las arcas provinciales y perjudicando claramente el destino de los dineros públicos a favor de servicios sociales y la atención a las necesidades reales de la provincia de Toledo».
«Todas y cada una de las veces que el Grupo Popular ha reclamado documentación a la Secretaria General, ésta le ha sido proporcionada de forma inmediata y siguiendo el cauce habitual», aseguran, negando la mayor.
De hecho, «hace unos días pidieron revisar la documentación referida a contrataciones entre los meses de enero a agosto de 2016 y lo hicieron sin ningún problema ni obstáculo alguno, tal y como ha ocurrido en las anteriores peticiones».
Es por eso que los argumentos esgrimidos por el Partido Popular «no se corresponden con la realidad ni con la voluntad del Equipo de Gobierno de apostar por la transparencia de la gestión y de las contrataciones, sometidas a un proceso exigente de objetividad, mérito y capacidad, conceptos ajenos a la legislatura de oscurantismo, sectarismo y parcialidad en el empleo presidida por Arturo García-Tizón», contesta el Gobierno provincial al PP.
«SE HA DADO CUENTA EN LOS PLENOS DE LOS DECRETOS DE TODOS LOS MESES»
«Desde el Pleno celebrado el 25 de septiembre de 2015 se ha dado cuenta en las diferentes sesiones plenarias de los decretos de todos los meses del año, estando a disposición de los señores diputados desde sus correspondientes convocatorias hasta la celebración de los Plenos» matizan.
«En ningún caso, los señores diputados del Grupo político del Partido Popular se han personado en la Secretaria General para consultar dicha documentación», contestan al PP.
«En cada solicitud de decretos y contrataciones solicitadas por el Grupo Popular, se ha hecho entrega de la documentación desde la Secretaria General, y se les ha significado que disponen de la información en el Portal de Transparencia de la página web de la Diputación de Toledo», reiteran.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo «tiene constancia de todas las fechas de solitud de documentación y de entrega de la misma, así como de todos los decretos, incorporados al sumario, que pueden ser consultados por las partes cuando así lo deseen» avisan.
Por todo ello, el equipo de gobierno «advierte una clara motivación de mala fe en la denuncia del Partido Popular, pues parece movido por la inquina o el rencor, con el único deseo de hacer daño a la voluntad de los actuales responsables, ocupados de gestionar la Institución desde la transparencia, la equidad, el sentido común y la igualdad de oportunidades, virtudes ajenas a la legislatura de Arturo García-Tizón».