La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, considera que el Plan de Apoyo Financiero para los ayuntamientos diseñado por el anterior Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial es nulo de pleno derecho, al haberse concretado «por órgano manifiestamente incompetente», haber «prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido», además de haberse concretado «omitiendo el trámite de autorización preceptiva regulado en el artículo 53.1 del TRLRHL».
El vicepresidente segundo y responsable del área económica de la actual corporación, Julián Huete, ha sido el encargado de informar sobre esta comunicación «siguiendo con nuestro compromiso de trasparencia», y ha explicado que, si bien es una decisión políticamente demoledora, en tanto en cuanto considera toda la operación como nula, es también «benévola», ya que no obliga ni a la Diputación, ni al Organismo Autónomo de Recaudación, ni a los ayuntamientos, a reintegrar de manera inmediata las cantidades solicitadas y se limita a señalar que «en tanto no se proceda a su cancelación» estas entidades «no podrán concretar nuevas operaciones de crédito a largo plazo».
En el año 2009 el Organismo Autónomo de Recaudación dependiente de la Diputación Provincial concertó una operación de crédito a largo plazo por importe de 20.000.000 de euros y un periodo de amortización de cuatro años, con el fin de conceder a los Ayuntamientos anticipos reintegrables destinados a hacer frente a deudas impagadas. Según un acuerdo plenario del 11 de marzo del año 2009, la Diputación Provincial avaló esta operación en la que, además, se comprometió a sufragar de manera íntegra los intereses del préstamo para los 100 ayuntamientos que decidieron solicitar esta ayuda.
Posteriormente, en el año 2010, esta operación fue objeto de una refinanciación por importe de 12.400.000 euros con un alargamiento del plazo de amortización que paso de los cuatro a los diez años. Esta operación también contó con el aval de la Diputación acordado en sesión plenaria celebrada el 20 de octubre de 2010 y, en base a esta refinanciación, el Organismo Autónomo de Recaudación concedió el alargamiento del plazo de amortización a los ayuntamientos.
Ahora, en su decisión, adoptada el pasado 4 de abril y notificada a la Diputación Provincial con fecha de entrada de registro del 16 de abril, el secretario general Enrique Osorio Crespo califica esta operación es nula de pleno derecho. En su escrito considera que el Organismo Autónomo de Recaudación no es el apropiado para realizar esta operación que deberían haber solicitado, de manera individual, cada ayuntamiento y siempre que cumplieran las condiciones marcadas por la ley para recurrir a endeudamientos a largo plazo. También considera nulo el aval de la Diputación Provincial y considera igualmente nula la operación para refinanciar la deuda a 10 años.
Julián Huete ha anunciado también que cabe, todavía, una posibilidad de recurso en la jurisdicción Contencioso Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia competente, posibilidad que están estudiando los servicios jurídicos de la institución dado que «independientemente de lo que pensemos sobre esta operación, nuestro compromiso es el de defender los intereses tanto de la Diputación Provincial como de los ayuntamientos de la provincia».