Comisiones Obreras ha emplazado al Gobierno regional a derogar «antes de final de año» leyes «con una paternidad popular», aprobadas por el anterior Ejecutivo del PP, como la de Garantía de los Servicios Sociales Básicos y a negociar un convenio colectivo que afecta a 7.000 empleados de la Junta de Comunidades.
Así lo ha reclamado el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de las secretarias regionales de Sanidad, Servicios a la Ciudadanía y Enseñanza del sindicato, Chelo Cuadra, Carmen López y Mercedes Gómez, respectivamente, para dar a conocer las peticiones del sindicato en referencia a los empleados públicos de la región.
Gil ha dicho que, aunque se está en el momento «más dulce» en cuanto a «la buena disposición» del Gobierno regional para hablar de los problemas de los empleados públicos, «todo se ve empañado porque son tremendamente lentos y muy poco operativos».
Al respecto, ha citado varios elementos que «están en la mesa desde el pasado 1 de febrero» y que, a su juicio «hay que corregir de inmediato», como la ley de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, el plan de salud laboral, el plan de igualdad, el plan de acción social.
«Y, por supuesto, darle un empujón serio al convenio de laborales, que lleva una lentitud exasperante en una negociación que salió hace muchos meses», ha advertido Gil, que ha considerado que «no es de recibo que todavía se esté en mantillas» este asunto, «que hay que cerrar antes de que concluye el año 2016».
Asimismo, ha solicitado «una posición clara» del Gobierno regional y de la oposición que se refleje en un acuerdo que inste al Ejecutivo central a «desbloquear la legislación que impide a Castilla-La Mancha legislar sobre sus empleados» en asuntos como la vuelta a la jornada laboral de 35 horas.
«Tenemos dos meses para poder poner en pie lo que reivindicamos para que el 1 de enero de 2017 esté todo en marcha. Hay que llegar a tiempo, por eso hay que verlas ahora», ha apostillado Gil en relación a estas demandas.
Por otra parte, las responsables sindicales de los diferentes sectores representados de empleados públicos de la región han pormenorizado las demandas que exigen negociar y por la que esperan que «el guante sea recogido por la Administración» y han confiado en que convoque una negociación «real, efectiva y concreta que ayude a recuperar condiciones laborales y a mejorarlas».
Así, Mercedes Gómez, que ha valorado el anuncio que hizo ayer el Consejero de Educación, Ángel Felpeto, de una continuidad en la bajada de ratios, ha señalado que en la Enseñanza se requiere garantizar igualdad de oportunidades entre los alumnos, más programas de apoyo y refuerzo desde Infantil y, también, unas tasas de oferta de empleo público más altas.
Por su parte, Carmen López ha reclamado «un impulso» a al sector social con una mejora en las ratios de empleados públicos en residencias o centros de menores, así como la negociación de un convenio colectivo que «representa a 7.000 personas que trabajan en la administración».
A su vez, y en materia sanitaria, Cuadra ha reprochado que no se haya recibido el calendario de negociación que el director general de Función Pública, José Narváez, se comprometió a facilitarles.
Cuadra ha valorado la «apuesta seria» por parte del Gobierno en la recuperación del empleo en la Sanidad, pero ha pedido «no retroceder» en la recuperación de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha.