Agustín Yanel
Atención: si el Gobierno central no actúa con rapidez y no envía a Europa antes del 31 de diciembre próximo la información que le ha pedido, Castilla-La Mancha perderá muchos millones de euros en ayudas de los fondos europeos. Sería una consecuencia más, lamentable, de haber tenido durante casi un año un Gobierno en funciones debido a que los cuatro principales partidos eran incapaces de ponerse de acuerdo y actuaban más por sus intereses partidistas que mirando al interés general de la ciudadanía.
La Comisión Europea aprobó un plan de ayudas a distintas comunidades autónomas para el periodo 2014-2020. En Castilla-La Mancha ya se han recibido ayudas para el Hospital Nacional de Parapléjicos, la Universidad, planes de empleo, proyectos de investigación científica y otras materias.
También se aprobaron ayudas para programas en la gestión de residuos, pero la Comisión Europea detectó que algunas de las condiciones acordadas en esta materia no se habían cumplido, por lo que estableció un plan de acción con las medidas que se debían adoptar, los organismos responsables de ellas y un calendario para aplicarlas.
LAS ADVERTENCIAS DE EUROPA
Como se acercaba la fecha final del 31 de diciembre, la Comisión Europea advirtió al Gobierno español, en varias ocasiones, de que debía enviar los datos que justifiquen que ha cumplido las condiciones exigidas en lo referido a los planes para la gestión de los residuos.
La última vez que Europa llamó la atención a España sobre este asunto fue el pasado 29 de agosto, en un escrito dirigido a quien entonces era el embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente de España ante la Unión Europea, el diplomático Alfonso Dastis Quecedo. ¿Aún no les suena? Pues es, desde el 4 de noviembre, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno que preside Mariano Rajoy.
La Comisión Europea ha recordado al Gobierno español que debe aplicar correctamente la legislación europea en materia de residuos y cumplir, antes del 31 de diciembre, las condiciones acordadas. Si no lo hace y no lo justifica, los pagos intermedios para aplicar esos planes serán suspendidos.
ESPAÑA NO HA COLABORADO
En su escrito, la Comisión Europea pedía la colaboración del Gobierno español para resolver esta situación, con carácter prioritario, con el fin de alcanzar los objetivos previstos en 2020 en la recogida selectiva de los residuos, su reutilización y reciclado. Pero esa colaboración no se ha producido porque el Gobierno ha estado en funciones.
La posibilidad de perder muchas decenas de millones de euros, si no se actúa con rapidez, no afecta solo a Castilla-La Mancha sino también a otras comunidades, según la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere. Pero, por lo que se refiere a esta región, el Gobierno de Emiliano García-Page debe actuar con urgencia ante el Ejecutivo central, para que no se pierdan esas ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
La diputada García Sempere, que es quien ha detectado la posibilidad de esta pérdida de ayudas, ha preguntado al Gobierno de Rajoy que explique qué medidas ha adoptado o va a adoptar antes del 31 de diciembre para cumplir las condiciones exigidas por la Comisión Europea en la gestión de residuos; si va a paralizar temporalmente los planes de construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos y si tiene previsto elaborar una nueva ley sobre esta materia, adaptada a las exigencias de Europa.
Hace unos meses, el Gobierno castellano-manchego elaboró un informe sobre el cumplimiento de esos planes de ayuda en los dos primeros años, 2014 y 2015, porque así lo exige la Unión Europea. Pero en él no incluyó datos sobre el grado de ejecución ni tampoco de carácter financiero de cada área de actuación concreta porque, según explicó, las normas referidas a estos planes han llegado muy tarde desde Europa y, además, en Castilla-La Mancha han tenido que poner en marcha el nuevo plan al mismo tiempo que estaban cerrando el anterior plan operativo Feder correspondiente a 2007-2013. ¿Son argumentos de peso o excusas de mal pagador? Habrá opiniones para todos los gustos, pero la necesidad de que la Junta de Comunidades actúe con urgencia es innegable.