El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Isaac Martín ha propuesto hoy que la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 incorpore informar a las Cortes de la propuesta de consejeros del Gobierno y que estos comparezcan de forma previa a ser nombrados.
El también director del Centro de Estudios Europeos de la UCLM y la secretaria autonómica de Negociación del CSIF, Victoria Ortiz, han comparecido esta mañana en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003.
Isaac Martín ha explicado que la comparecencia de los consejeros en las Cortes no sería un «concurso de méritos» sino un «control político», siempre previo al nombramiento, para valorar su idoneidad, su competencia y su valía, como se hace con los comisarios de la Unión Europea.
El profesor, que se ha centrado en la parte de la Ley del Gobierno y no en el Consejo Consultivo -a diferencia de otros expertos que ya han comparecido en la Comisión-, ha propuesto que las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno sean públicas así como los documentos tratados, aunque las deliberaciones deben seguir siendo, «por supuesto», secretas.
Ha defendido una Ley del Gobierno «de mínimos», que remita, a su vez, a otras leyes para cuestiones sectoriales, como por ejemplo el estatuto del expresidente, y ha considerado necesaria una ley reguladora del estatuto del alto cargo.
Ha agregado, en este sentido, que mantendría la «supermayoría» de tres quintos de la Cámara para la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 si queda como una «ley de mínimos», pero no en el caso de que sea una ley que incluye todos los aspectos, porque en ese caso se «petrifica» la normativa.
Martín ha incidido en la regulación del gobierno en funciones, que actualmente es «parca» aunque sea una cuestión «crucial», como se ha visto en el ámbito nacional en los últimos meses.
A su juicio, no solo debe exigirse que el gobierno en funciones facilite el traspaso de poderes sino que bajo el principio de «intervención mínima» debe justificar cada uno de los acuerdos que adopte y se deben añadir prohibiciones sobre nuevos proyectos de ley, firma de convenios o aprobación de subvenciones, entre otros.
Por su parte, Victoria Ortiz ha defendido que los empleados públicos hagan labores de asesoramiento ya que «sorprende» que no se pueda encontrarse personal de confianza entre los 67.000 empleados de la Junta y se haya contratado a 104 asesores eventuales que suponen un gasto de 4 millones de euros.
Ha subrayado, en este sentido, que excepto en el caso del ámbito de la comunicación, el resto de «perfiles» pueden encontrarse perfectamente entre los empleados públicos y destinar los 4 millones de euros a cubrir vacantes en la función pública.
También ha considerado un «anacronismo» que los expresidentes autonómicos sigan manteniendo privilegios como secretaria, chófer y vehículo y ha señalado que las incompatibilidades de los altos cargos para no firmar contratos con la Junta durante los 2 años siguientes a abandonar el puesto debería ampliarse a las empresas en las que estos cargos ejerzan como directivos.
En cuanto al Consejo Consultivo, Ortiz ha defendido -al contrario que otros expertos que han intervenido en la Comisión- que esté formado por funcionarios elegidos mediante un concurso en base a la igualdad, el mérito, la capacidad y el curriculum, y ha rechazado que estos profesionales sean menos independientes que profesionales externos.
Por su parte, los diputados del PSOE y del PP Miguel Ángel González Caballero y José Miguel Tortosa (Podemos no ha asistido) se han referido a la comparecencia previa de los consejeros y González Cabllero ha preguntado qué mecanismos del derecho comparado hay para «bloquear» un nombramiento al tiempo que Tortosa ha dicho que hay que respetar el concepto democrático de que el alto cargo debe ser juzgado en el ejercicio de esa responsabilidad.
Isaac Martín ha agradecido a la comisión la oportunidad de que la UCLM este presente en este proceso de generación normativa y Victoria Ortiz también ha agradecido que hayan tenido en cuenta a los empleados públicos.
El próximo lunes, día 12, finalizarán las comparecencias en esta Comisión con los dos últimos expertos de los nueve citados: el catedrático de Derecho Administrativo Miguel Beltrá y el presidente del Consejo Consultivo, José Sanroma.