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Pleno de las Cortes regionales 15/12/2016junio 6th, 2017

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy por unanimidad la ley regional de Transparencia y Buen Gobierno, el primer texto legislativo en el que se han puesto de acuerdo por primera vez en la legislatura los tres grupos parlamentarios, PP, PSOE y Podemos. La aprobación de la ley, la séptima de la IX Legislatura, coloca a Castilla-La Mancha «a la vanguardia del país», según ha destacado durante su exposición el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien ha recalcado que el texto «va más allá» de la legislación nacional y está en consonancia con las legislaciones europeas «más ambiciosas» en la regulación de los lobbies.

José Luis Martínez Guijarro asegura que la ley está a la vanguardia nacional.


La normativa regula por primera vez la actividad de los «grupos de interés» o lobbies, propone la creación de un registro de estos grupos, articula un régimen de sanciones y, entre otras obligaciones, establece el plazo de un mes desde su entrada en vigor para que los altos cargos de la región presenten sus declaraciones de buen gobierno.

Al debate, han llegado vivas treinta enmiendas del PP, de las cuales cuatro han sido transadas y otras once han sido retiradas por este grupo.

El encargado de defender el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales -donde se dio el visto bueno a 36 de las 73 enmiendas que llegaban al debate- ha sido el diputado socialista Miguel Ángel González, quien ha celebrado que continúe «ese viaje hacia esa Castilla-La Mancha cada día más abierta».

Con ello, ha agradecido el trabajo que han realizado los colectivos de la región expertos en transparencia para la redacción y mejora del proyecto de ley.

«La ciudadanía empuja a introducir una nueva forma de gobernar que suponga un revulsivo para nuestra democracia. Castilla-La Mancha será referente en buen gobierno, buena administración y gobierno abierto», ha asegurado el parlamentario del PSOE.

Con González ha coincidido el presidente del grupo socialista en las Cortes, Rafael Esteban, quien también ha recordado que Castilla-La Mancha «fue pionera en publicar información relativa a altos cargos y también pionera en imponer incompatibilidades a personas que ostenten cargos públicos», de modo que «la transparencia ha sido la seña de identidad de la comunidad».

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha defendido la voluntad que ha tenido el PP de «separar el debate de una ley que va a dirigida a los ciudadanos del debate partidista, estéril y que se debe quedar en otros ámbitos de actuación».

En este sentido, Cañizares -quien ayer anunció que su grupo va a presentar una denuncia judicial por la falta de información que recibe del Gobierno- ha criticado la, a su juicio, «falta de transparencia en las actuaciones del Gobierno en lo que llevamos de legislatura».

No obstante, ha insistido en el «esfuerzo de consenso» que ha realizado su partido para aprobar el proyecto de ley y ha resaltado también el trabajo que han realizado, «después de hablar» con diferentes colectivos, para mejorar el texto impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con la presentación de diversas enmiendas.

También ha destacado el contacto que han mantenido con «entidades que cuentan en sus filas con grandes expertos en temas de transparencia» el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y diputado regional, José García Molina.

«Vamos más lejos que la ley básica», ha afirmado García Molina, si bien ha reconocido que le «gustaría ir todavía más lejos» y ha lamentado las «limitaciones» de la ley nacional y las que «impone» el Estatuto de Autonomía.

Con ello, ha afirmado que «hoy es un buen día para la política regional» y ha apostado por que exista luego un desarrollo normativo de la ley para que no quede «en papel mojado».

«La aplicación de la ley depende de la voluntad política. Me gustaría pensar que se va a cumplir a pies juntillas y que ese espíritu de consenso de los tres grupos parlamentarios también se va a reflejar en la voluntad del legislador, del Ejecutivo, para que la aplicación de la ley se haga de manera escrupulosa», ha deseado.

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