El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido hoy en la Conferencia Sectorial de Vivienda que se destine un uno por ciento más de inversión para el futuro Plan de Vivienda en la región y que «se clarifique legalmente la situación de las viviendas vacías».
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha asistido hoy a esta reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid, junto al director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo.
Durante la reunión, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que el nuevo plan de vivienda para el periodo 2018-2021 incluirá un programa específico de ayudas para personas en situación de desahucio que, a la espera de que se concrete el importe, podría rondar entre los 150 y 400 euros al mes.
Por su parte, De la Cruz ha solicitado un incremento del uno por ciento de las inversiones «como respuesta a las necesidades específicas de la región» y también porque la región, según ha dicho, ha «sido muy eficiente en la ejecución».
La consejera también ha considerado necesario permitir a cada comunidad «el desarrollo de los destinos y requisitos concretos a aplicar en el territorio, lo que permitiría a cada comunidad adecuar los recursos a su realidad y agilizar la gestión, lo que contribuiría a una mejora del desarrollo de los objetivos nacionales».
Uno aspecto que quiere mejorar el Gobierno regional, ha señalado, es el relacionado con el reparto financiero de las ayudas de rehabilitación, de manera que la línea 2 que permite adaptar viviendas particulares pueda destinarse a viviendas de tipología no colectiva, que abundan en el medio rural castellanomanchego, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Por otra parte, Castilla-La Mancha ha planteado un cambio en los objetivos de eficiencia energética y que las ayudas se otorguen de manera proporcional a la energía ahorrada al realizar reformas.
También ha solicitado que se recuperen las ayudas a la subsidiación de los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas protegidas, al menos para aquellos ciudadanos que las tuvieron concedidas en su día y que sucesivas normas estatales de 2012 y 2013 impidieron prorrogarlas.
Las ayudas a la promoción de vivienda o a la compra, dirigidas a ciertos colectivos, son otras cuestiones que ha sugerido la delegación castellanomanchega.
También ha instado al Ministerio a que promueva la reglamentación del concepto de «vivienda vacía» para aclarar vacíos normativos en la Ley de Haciendas Locales, lo que posibilitaría medidas de movilización de estas viviendas como el recargo del IBI desde los ayuntamientos.
La consejera de Fomento ha indicado a este respecto que es necesario que el Gobierno de España «clarifique y consensue» con las comunidades autónomas «el concepto legal de vivienda vacía» porque considera «injusto» que haya personas que no pueden acceder a un hogar mientras en Castilla-La Mancha hay cifradas unas 45.000 casas sin moradores.
Por otra parte, ha pedido que se adopten medidas fiscales para gravar la rehabilitación con un IVA supereducido del 4 por ciento, ya que en la actualidad es del 10 por ciento, así como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y agilizar la toma de acuerdos vecinales en relación a la mejora de espacios comunes.
El Gobierno castellanomanchego también ha planteado actualizar en la ley estatal la reserva del suelo destinada a vivienda protegida ante las dificultades de financiación y baja demanda que en el panorama inmobiliario actual tiene esta categoría de vivienda, así como la necesidad de firmar convenios con las principales entidades financieras que aseguren líneas de crédito preferente para obras de rehabilitación.