El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha indicado en Toledo que el Ministerio Fiscal es «solidario con la situación presupuestaria que vive España», no obstante, «tenemos necesidades de servicio a la sociedad que no se pueden obviar». Preguntado por la congelación de las oposiciones a jueces y fiscales, ha añadido que «no pedimos privilegios, pedimos que se atienda la situación actual».
Torres Dulce ha presidido el acto de entrega de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe provincial de Toledo, Francisco Javier Polo, acto en el que también ha puesto de manifiesto su esperanza en que, en materia de la plantilla que conforman jueces y fiscales, «se cubra las vacantes con lo presupuestado», «si no en 2012, al menos en 2013».
En términos generales y ante la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir los partidos judiciales, ha considerado que es necesario reflexionar sobre el mapa judicial siempre, eso sí, «sin perder de vista que estamos obligados a ofrecer tutela judicial».
Otro de los asuntos abordados y sobre el que ha sido preguntado el fiscal general del Estado ha sido el copago en justicia. Ha estimado que hay que reflexionar sobre la idea de que el servicio gratuito sea insostenible e injusto, teniendo en cuenta -ha apelado- que «se asegure siempre el acceso de los ciudadanos a la justicia en condiciones de igualdad». Cree que en algunos casos esa gratuidad puede ser «injusta». Por ello, «vamos a reflexionar todos: procuradores, abogados, fiscales y jueces y, por su puesto, los poderes públicos sobre la base de que nadie debe quedar excluido de un acceso directo, suficiente y garantizado al valor justicia, que es lo importante».
Ha anunciado que en un año estará a disposición de la sociedad el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, del cual dio buena cuenta en el encuentro que ha mantenido con los ficales de Toledo instantes antes de la concesión de la cruz. Ha explicado que este texto es una radiografía y «autocrítica» de la situación en el Ministerio Fiscal, de las funciones que acomete y de las «no podemos atender» y de, entre otras cuestiones, los recursos materiales, tecnológicos y humanos y su adaptación a la realidad.
A cerca de la propuesta del Gobierno de aplicar la prisión permanente revisable para los casos de terrorismo, emplaza su opinión hasta tener el texto legal. Sí ha indicado, preguntado por los seis meses de alto el fuego de ETA, que «esperamos que progrese en el abandono de la lucha armada» y que siempre defenderá «el cumplimiento estricto de la legalidad con una atención prioritaria a las víctimas del terrorismo».