miércoles, 23 de octubre de 2024
Según ha anunciado hoy Patricia Franco 27/12/2016junio 6th, 2017

El nuevo Plan de Empleo para 2017 propiciará la contratación de 12.000 personas, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado hoy la orden correspondiente, «el pistoletazo de salida para un plan que está basado en la cooperación institucional entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, los Ayuntamientos, las Diputaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro», tal y como ha señalado en rueda de prensa Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo.

Para ello se invertirán 59 millones y supondrá una ayuda de 4.950 euros para las entidades locales, a razón de 27 euros al día por cada contrato que realicen de 180 días de duración (seis meses), «sube la cantidad un 8 por 100 respecto a la primera, que fue de 4.500 euros». Aunque la cantidad para los ayuntamientos más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes, será mayor, en concreto de 5.250 euros o, lo que es lo mismo, 29,17 euros al día.


Entre las principales novedades del nuevo Plan está que el plazo de contratación se alarga hasta el 30 de septiembre de 2017, por lo que los contratos se alargarían, en este caso, hasta marzo de 2018. Pero Franco entiende que los primeros contratos se podrán realizar entre abril y mayo de 2017. Además, no podrán participar en esta nueva convocatoria «quienes fueran beneficiarios en las dos convocatorias anteriores, salvo las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género».

Los aspirantes deben estar al menos inscritos 12 meses en las oficinas de empleo; y los autónomos serán equiparados a los parados de larga duración.

La tipología de los contratos para parados de larga duración en colaboración con las Diputaciones y los Ayuntamientos serán, por ejemplo, energías renovables, infraestructuras hidráulicas, medio ambiente, urbanismo, patrimonio histórico artístico, infraestructuras viarias, atención a personas en riesgo de exclusión social, comedores escolares, ayudas a refugiados y exiliados o rehabilitación de viviendas públicas propiedad de la Junta de Comunidades.

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