La Sanidad centró buena parte de las polémicas entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la oposición. Las listas de espera y el convenio con Madrid fueron motivo de continuas críticas por parte del PP, cuyos diputados no dejaron de denunciar el incremento de las primeras y la revisión que hizo el Ejecutivo del segundo, unas quejas ante las que el consejero Jesús Fernández Sanz anteponía las cifras globales que maneja el Sescam, con un descenso de las listas del 39 por 100 desde el año 2012. Respecto al convenio, la Junta decidió desvincular de Madrid la parte que afecta a la zona norte de la provincia de Toledo y mantener, tal cual se recoge en el mismo, la cooperación para la prestación de asistencia especializada a los ciudadanos de Guadalajara.
La falta de personal sanitario y de vacunas infantiles, así como el cierre de camas en verano, fueron otras acusaciones abordadas por los «populares», quienes llegaron a hablar de «caos sanitario», un caos que -según el Ejecutivo- fue el que se encontró el PSOE al entrar en el Gobierno y al que -argumentan- han tenido que hacer frente durante estos meses a través de programas como el Plan MAS Sanidad (que además de incrementar la actividad, contempla la realización de obras y mejoras en diversos centros de la región); el Plan de Renovación Tecnológica (con una inversión total de 28 millones para colocar a los hospitales de CLM a la vanguardia en equipamiento y dotación); y mediante medidas como la contratación de profesionales sanitarios.
Cumpliendo una de sus promesas electorales, el Ejecutivo de Page estableció que a partir del 1 de mayo los pensionistas quedasen exentos del copago farmacéutico establecido por Cospedal, de tal forma que no tuviesen que pagar más de ocho euros por sus medicamentos. Además, la Junta siguió adelante con la convocatoria de oposiciones en Sanidad para el año 2017.
Y Podemos pidió celeridad en las mejoras a introducir por el Gobierno en Sanidad, al tiempo que censuró las críticas del PP al considerarle responsable de la situación. Entre sus peticiones también estaba volver a hacer públicos los servicios externalizados.
EL HOSPITAL DE TOLEDO «CRECE» 23.000 METROS
Después de años mirando con recelo las abandonadas obras del Hospital Universitario de Toledo, a finales de 2016 la reanudación de estos trabajos parecía estar más cerca que nunca después de que la Unión Temporal de Empresas (UTE), encargada de su construcción, presentase en el Ayuntamiento de la ciudad el proyecto de ejecución, un trámite necesario para la obtención de la licencia de obra municipal.
El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que las máquinas empiecen a funcionar a pleno rendimiento en febrero o marzo de 2017, lo que -según sus cálculos- supondrá la creación de un total de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante los 21 meses del período de ejecución.
El 17 de noviembre el Sescam recibía de la UTE un proyecto entre cuyas novedades, con respecto al diseñado por el Gobierno de Cospedal, se encontraba el aumento de la superficie en 23.000 metros cuadrados, lo que supondrá incorporar nuevas áreas como la de reproducción asistida, un laboratorio cardiovascular, un área de dolor y otras dos de patología mamaria y de ictus. Igualmente, se incorporan recursos asistenciales que habían quedado fuera del nuevo hospital, como la litotricia y la cirugía programada de Traumatología. Paralelamente, el consejero de Sanidad anunció la presentación de un plan de mantenimiento del actual Virgen de la Salud, así como su objetivo de fortalecer la plantillas y dotarlo de más recursos materiales.
Estos pasos dados por el Ejecutivo de Page fueron recibidos con mucha cautela por parte del PP de Castilla-La Macha y de la ciudad de Toledo, ya que afirman que, a pesar de las declaraciones del consejero en las últimas semanas, las obras no pueden comenzar hasta que no se presente en el consistorio un Plan de Movilidad de Accesos.
LA GRAVE CRISIS SANITARIA DE LA LEGIONELLA
A finales de 2015 y principios de 2016 se dio uno de los casos sanitarios más graves ocurridos en Castilla-La Mancha: el brote de legionella de Manzanares (Ciudad Real), por culpa del cual fallecieron cuatro personas, según el Gobierno regional, y cinco según la plataforma de afectados. Además, 86 tuvieron que ser hospitalizadas.
En noviembre se conocía el informe de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Junta, que establecía que el origen de la mayoría de los casos pudo estar en la fuente de la estación de autobuses. Las críticas de la plataforma y de la oposición no tardaron en llegar, ya que aseguraban que el informe no aportaba nada nuevo y que no concretaba el foco del contagio.
El asunto fue abordado en una Comisión de Sanidad celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se dio cuenta de este documento y donde la Consejería destacó, teniendo en cuenta su magnitud, la baja mortalidad del brote.