El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denegado a la empresa Quantum Minería, interesada en la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, el plazo adicional de dos meses que había solicitado para elaborar el estudio de impacto ambiental.
Esta decisión ha sido valorada por la plataforma «Sí a la Tierra Viva«, que ha calificado la denegación del plazo adicional para presentar el estudio de impacto ambiental que había presentado la compañía como «un paso más, pero no definitivo».
Por ello, el plazo de tres meses que concedió el pasado 18 de noviembre el Gobierno castellanomanchego a la empresa para cumplimentar el estudio de impacto ambiental, finalizará a mediados del mes de febrero, y no en abril como pretendía Quantum.
El plazo adicional que había pedido Quantum se ha desestimado en una resolución del Servicio de Medio Ambiente, con fecha del 16 de enero, que ha firmado la delegada de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, Prado Amores.
En la resolución, se advierte a la empresa que una vez que transcurra el plazo máximo de tres meses desde el acuse de recibo del documento de alcance, sin que se reciba la documentación requerida, «se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, y se procederá al archivo del expediente».
Se argumenta que en los contactos mantenidos con la empresa, antes de enviar el documento de alcance y del requerimiento del estudio de impacto ambiental, se había acordado remitirle «informes y sugerencias relevantes» de entidades como la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Agricultura o el Servicio de Política Forestal de Ciudad Real.
También se señala que el envío de los dos últimos informes se efectuó el 5 de octubre de 2016, mientras que los cuatro primeros se enviaron con anterioridad, «impulsando con ello la fase preparatoria del estudio de impacto ambiental».
Además, se hace alusión a que el proyecto ha generado alarma social, por lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado que «procede agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación ambiental del mismo».
La denegación de la ampliación del plazo ha sido comunicada por correo electrónico esta mañana por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la Plataforma «Sí a la Tierra Viva», según ha indicado a Efe su presidente en funciones, Luis Manuel Ginés.
El presidente en funciones de la plataforma ha valorado la denegación, pero ha matizado «es un paso más, pero no definitivo».
Ginés ha asegurado que los tres proyectos de explotación que afectan a las localidades ciudadrealeña de Torre de Juan Abad y Torrenueva: «Matamulas»,» Rematamulas 1″ y «Rematamulas 2», «no se deberían haber admitido a trámite hace un año».
«A día de hoy, estos proyectos son imposibles de realizar y no se debería haber permitido siquiera que se presentase el estudio de impacto ambiental hasta que no se aclarasen su efectos», ha subrayado Ginés, que ha recordado que el expediente se inició en el Servicio de Minas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, donde «se deberían de archivar también y retirar los derechos mineros concedidos».
Para el representante de «Sí a la Tierra Viva», estos proyectos deberían de estar «finiquitados y cancelados desde hace meses, en vez de estar jugando con el futuro de una comarca y darle a la empresa la oportunidad de presentar un estudio de impacto ambiental en un proceso plagado de irregularidades», como han denunciado en reiteradas ocasiones .
Asimismo ha señalado que la alarma social en la comarca del Campo de Montiel se generó en el mismo momento en el que se conocieron los proyectos de minería de tierras raras, contra las que las denominaciones de origen y las organizaciones agrarias también se mostraron en contra el pasado mes de febrero por considerar que son «gravemente perjudiciales».
Ginés ha señalado que si Quantum presenta en el plazo estipulado el estudio de impacto ambiental, la Junta seguirá con la tramitación de los expedientes, aunque ha insistido en su consideración de que no se deberían haber admitido a trámite cuando se presentaron, el 9 de noviembre de 2015, porque «son inviables».