La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CC.OO. de Castilla-La Mancha, cuyo Área Pública presentó el 1 de febrero una denuncia por la infracción de la normativa sobre la participación de las y los trabajadores y sus representantes en la decisión «precipitada, urgentísima y partidista» de la Junta de Castilla-La Mancha de cambiar de mutua a nivel regional, incumpliendo los plazos legalmente establecidos. La resolución de la Inspección de Trabajo insta a la Administración autonómica a que en lo sucesivo cumpla con los plazos previstos en la normativa, a que reúna a los Comités de Salud Laboral y obliga a que en el informe sobre mutuas esté el informe de los citados comités.
La coordinadora del Área Pública de CC.OO. de Castilla-La Mancha, Carmen López, ha denunciado los incumplimientos de la Junta de Castilla-La Mancha en materia de salud laboral. La Junta se ha «cargado» el Pacto de Salud Laboral, cuya vigencia finalizó el pasado año, y «se salta» la participación de las y los trabajadores.
En esta semana en la que se celebra el 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en la que la Junta realizará algún acto, CC.OO. reclama al Gobierno regional que deje de saltarse las normas en materia de salud laboral, cambie el rumbo y asegure y garantice una verdadera protección a sus empleados y empleadas. Asimismo, tras la resolución de la Inspección de Trabajo, CC.OO. insta al Ejecutivo regional a que vuelva a reunir a los Comités de Salud Laboral, reunión que aún no ha sido convocada, señaló López.
El Área Pública de CC.OO. no comparte que la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes de todos los empleados y empleadas de la Administración regional sea realizada a partir de ahora por la mutua, lo que conlleva desvío de dinero público de la Seguridad Social a una empresa privada y duplicidades, ya que la mutua podrá realizar el control de las bajas por contingencias comunes, control que se realiza ya desde los servicios de Inspección del INSS y del Sescam. ¿Quién dice que hay que acabar con las duplicidades?, afirmó López.
Con la gestión de la IT se produce otra externalización de servicios en detrimento de los servicios públicos. Este desvío de fondos públicos a la empresa privada se realiza con el único fin de beneficiar a esta última y perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. La salud de las y los empleados públicos de la Administración no es un negocio
CC.OO. siempre se ha mostrado a favor de establecer las actuaciones de control que sean necesarias, informan en nota de prensa, especialmente agilizar la realización de pruebas diagnósticas, el inicio de procesos de rehabilitación, fundamental para disminuir el periodo de baja por IT, etc. Sin embargo, para que este control se realice con garantías de actuación independiente debe ser realizado por los médicos inspectores del INSS y/o las comunidades autónomas.
Comisiones Obreras denuncia que la Junta no cumple el principio básico de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, recogido en su artículo 12, sobre la participación de empresarios y trabajadores en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Todos los acuerdos y decisiones en materia de seguridad y salud laboral se están tomando unilateralmente y se está incumpliendo el Acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales sobre derechos de participación en materia de salud laboral suscrito en 2007.
La imposición unilateral de las condiciones de trabajo se convierte en un riesgo que hará aumentar las enfermedades físicas y psíquicas, consideran desde el sindicato. Asimismo, el presentismo, acudir al trabajo enfermo, se agudizará, con los problemas colaterales que genera: empeoramiento, recaídas, contagios a personas cercanas, mayor peligro de sufrir un accidente y a la postre, menor productividad y mayor gasto sanitario.
En opinión de CC.OO., las políticas de ajuste, la falta de información en cuanto a organización de trabajo y la disminución de personal, recursos y herramientas de trabajo en la Junta, comprometen muy seriamente la salud de los trabajadores y trabajadoras de la administración autonómica, sobre todo de aquellos y aquellas especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, por partir de un especial y delicado estado de salud.
La Junta debe retomar la salud laboral y tomársela como lo que es, una cuestión esencial para el buen desarrollo del trabajo y para los trabajadores y trabajadoras, concluyó López.