El portavoz de la plataforma «Los 5 del Buero», Miguel Ángel Santos, uno de los cuatro profesores que, junto con un activista, se enfrentan a una petición de pena de cuatro años de prisión por una protesta que tuvo lugar hace cinco años, ha asegurado hoy que van a juicio con la conciencia «muy tranquila».
En una rueda de prensa en las Cortes, en el marco de las Ruedas Ciudadanas que organiza Podemos, Santos, que es profesor de Enseñanza Secundaria, ha indicado que lo único que hicieron fue «defender la escuela pública» y expresar su «protesta legítima» y ha añadido que espera que el juez lo vea así en la vista convocada para el 14 de febrero en Guadalajara.
Dado que la fiscalía no ve indicios de delito «por ningún lado y pide el sobreseimiento de la causa», Santos ha dicho que no entienden por qué el juez de instrucción «eleva a lo penal algo que no tiene indicio de delito».
«No hubo ninguna agresión como se ve en los vídeos», ha defendido el profesor acusado, quien ha dicho que en la protesta hubo policías nacionales que no presentaron denuncia como tampoco lo hicieron algunos de los policías locales que estuvieron en el lugar de los hechos.
Santos ha explicado que ocurrió hace más de cinco años, cuando unas 500 personas, entre profesores, padres y alumnos, se manifestaron para protestar porque «la presidenta de Castilla-La Mancha entonces, María Dolores de Cospedal, dejó sin trabajo a más de 800 profesores», lo que llevó a una reducción de la calidad de la enseñanza.
En años sucesivos continuó esa política con los despidos de hasta 7.000 interinos, lo que ha calificado como «el atentado más grande que ha sufrido la escuela pública en Castilla-La Mancha».
El día de la manifestación, el 7 de septiembre de 2011, ha comentado Santos, cuando tenía lugar el pregón de las fiestas de Guadalajara en el Teatro Buero Vallejo, se dirigieron hacia allí para expresar su protesta a los responsables políticos y a continuación se marcharon.
«Nadie esperaba que esta protesta pacífica pudiera tener una repercusión tan grande» en los medios de comunicación, ha señalado Santos, quien ha añadido que la sorpresa fue mayor cuando se enteraron de que «el alcalde de Guadalajara y algunos de sus concejales habían pedido en un Pleno que se identificara a los organizadores del acto y se administraran consecuencias».
Así, cuatro profesores y un activista recibieron la denuncia de la Policía Local que los acusaba de «atentado continuado a la autoridad, desórdenes públicos y agresiones«, por lo que se les pide pena de hasta cuatro años de cárcel y multa de 7.000 euros.
«No podíamos creerlo. Cómo varios policías podían acusarnos de algo que no habíamos hecho», cómo unos responsables políticos eran «incapaces da aguantar la menor crítica», se ha preguntado Santos, que ha continuado: «hemos retrocedido a la dictadura franquista o estamos en una democracia real».
Ha señalado que la pretensión de la denuncia era amedrentar y hacer llegar, «desde su prepotencia y su narcisismo, que si les dices que no estás de acuerdo, su estrategia es criminalizar y judicializar la protesta social para meternos miedo con la amenaza de multas y cárcel».
Ha lamentado que les pidan penas de cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
«Es la vieja artimaña de la policía franquista: acusar a supuestos organizadores mediante falsas pruebas y romper la protesta social», ha indicado.
Santos ha recordado que el 14 de febrero tendrá lugar el juicio y ha considerado que el final no debe ser otro que la absolución, frente a la «brutalidad» de esta acción del alcalde.
El día 11 a mediodía se ha convocado una manifestación de apoyo a los acusados que discurrirá desde el Teatro Buero Vallejo hasta el Ayuntamiento.