Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha han coincidido hoy en que la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 debe incluir la supresión del texto del artículo 9 que incluye los derechos para los expresidentes y limitar los mandatos a dos. La Comisión no Permanente de las Cortes regionales para el estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 se ha reunido esta mañana para elaborar el informe tras las comparecencias de nueve expertos, entre los meses de septiembre a diciembre, que han realizado sus propuestas.
Los tres grupos han coincidido en su deseo de alcanzar un «acuerdo de máximos» para reformar esta ley y en aspectos como eliminar los derechos de los expresidentes, limitar a dos los mandatos y seguir regulando la ley con el acuerdo de tres quintos de la Cámara.
En cuanto a la supresión de los privilegios, el diputado del PP José Miguel Tortosa ha señalado que su grupo parlamentario «siempre ha tenido muy claro» que hay que suprimirlos, mientras que el diputado socialista Miguel Ángel González Caballero ha afirmado que «ningún expresidente hace uso de las prerrogativas del artículo 9, que el PSOE quiere suprimir como los demás grupos».
Y el diputado de Podemos José García Molina ha enfatizado que estas «prebendas» deben desaparecer porque «hemos dicho que si todos los castellanomanchegos somos iguales se tiene que notar en las leyes».
PSOE y Podemos han propuesto eliminar a los miembros natos del Consejo Consultivo y el PP ha planteado que el Consultivo sea un órgano «más profesional» y «eminentemente técnico», integrado por técnicos, letrados y funcionarios.
Tortosa también ha planteado que debe regularse qué sucede si no se cumple el objetivo de las comparecencias de los consejeros ante las Cortes para «evitar» lo ocurrido con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se sometió al control parlamentario tras su nombramiento «pero no dio explicaciones ni aportó datos necesarios para poder establecer las incompatibilidades».
Por su parte, González ha indicado que la propuesta del PSOE va en la línea de completar y homogeneizar las obligaciones para los altos cargos que recoge la Ley del Gobierno, reforzar las obligaciones de transparencia, impedir las «puertas giratorias» y armonizar la Ley del Gobierno con la Ley Transparencia.
También ha señalado que es útil concretar unos principios éticos de actuación que rijan la acción política de los sujetos vinculados a esta Ley que se va a reformar, y vincular a estas normas éticas un régimen sancionador.
Asimismo, García Molina ha considerado «esencial» separar en dos la Ley del Gobierno y la del Consejo Consultivo, en línea con lo que expuesto por varios comparecientes, para evitar que el Consultivo aparezca como un «apéndice demasiado vinculado» al Gobierno y para darle «mayor autonomía».
Los tres portavoces parlamentarios han estado de acuerdo en que es posible llegar a un «amplio» acuerdo en la reforma de la ley y la presidente de la Comisión, la diputada Josefina Navarrete, ha señalado que deben ofrecer a los ciudadanos «la imagen» de que los grupos parlamentarios pueden «llegar a determinados consensos en una ley de gran calado».
Los informes de cada grupo junto con el elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes con las aportaciones de los nueve ponentes se remitirá al Consejo de Gobierno para elaborar el anteproyecto de ley de reforma de esta Ley del Gobierno y del Consultivo y que se inicie el trámite parlamentario.