El Gobierno de Emiliano García-Page centrará la segunda mitad de legislatura en «profundizar» en la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha y, al tiempo, en reformar con consenso la ley electoral y el Estatuto de Autonomía para dar «la máxima protección jurídica a los derechos sociales».
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado estos objetivos en rueda de prensa en Trillo (Guadalajara), donde todo el Gobierno regional está reunido desde la noche de ayer para hacer balance de la gestión realizada y fijar las líneas de trabajo hasta final de legislatura.
Martínez Guijarro ha explicado que el objetivo del Ejecutivo regional es que el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía sea «tremendamente participativo» y, en este sentido, ha planteado constituir una ponencia en las Cortes, como se hizo con la anterior reforma estatutaria durante el Gobierno de José María Barreda, que finalmente fue rechaza en el Congreso.
No obstante, el vicepresidente de la Junta ha afirmado que están dispuestos a llegar a acuerdos también sobre la metodología para realizar la reforma con los agentes sociales de la región y con los partidos políticos con o sin representación en las Cortes.
Precisamente, Ciudadanos será la formación política con la que el Gobierno regional abrirá la ronda de contactos para hablar sobre este asunto el próximo viernes 10 de febrero, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Uno de los temas que se tratará será la gestión del agua y el trasvase Tajo-Segura, si bien Martínez Guijarro ha insistido en que la postura del Gobierno autonómico es lograr un acuerdo nacional en el que se hable de todos los ríos, pero también del mar.
Por otra parte, ha apuntado que, una vez se aprueben los presupuestos de la Junta para 2017, también se aprobará la nueva ley del Gobierno y se trabajará en la recuperación de los órganos suprimidos la legislatura anterior para vertebrar la opinión pública y supervisar las cuentas públicas, lo que eran el CES y la Sindicatura de Cuentas.
Esta semana los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha han coincidido en que la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 debe incluir la supresión del texto del artículo 9 que incluye los derechos para los expresidentes y limitar los mandatos a dos.
Además, el vicepresidente de la Junta ha explicado que «la línea estratégica de trabajo del Gobierno regional» se basará en la «profundización en la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha», en un momento en el que ha asegurado que «se empiezan a ver los frutos».
«Hemos conseguido un giro en la parte económica y social y, una vez redireccionada la comunidad, tenemos que acelerar para seguir creciendo. Esta comunidad tiene que crecer más que la media española, necesitamos ir más deprisa para poder recuperar los derechos sociales, prestaciones y servicios», ha aseverado.
Martínez Guijarro ha estado acompañado en la rueda de prensa de la alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, y del delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo.