El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha anunciado que va a emprender «de inmediato» acciones legales por la liberación de la exdiputada de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, en el último Pleno de la institución provincial, cargo por el que cobrará 49.000 euros anuales.
«Mantenemos el propósito de acudir a la justicia, por un lado para impugnar por vía administrativa un acuerdo que consideramos ilegal, y por otro para exigir las responsabilidades personales de todo tipo, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este apaño», ha explicado el portavoz socialista en la institución provincial, Julio García, en un comunicado.
Según ha explicado, la vía administrativa se abrirá de manera «inmediata» mediante un recurso de reposición ante la propia Diputación.
En este escrito, el Grupo Socialista pedirá la revocación del acuerdo del pleno del pasado mes de enero, «que materializó la compra del voto de la diputada tránsfuga», ha denunciado García, puesto que Ramírez se ha dado de baja en Ciudadanos, partido por el que consiguió el acta de diputada, pero no ha renunciado al escaño en la institución.
Julio García ha explicado que quieren que se emitan informes que digan «expresamente» si el acuerdo cumple la ley y el Reglamento de la Diputación, pues ha sostenido que los socialistas están «convencidos de que no es así y los informes emitidos hasta ahora no lo hacen», ha agregado.
Según ha indicado el portavoz socialista, la propuesta que presentó el equipo de Gobierno de la institución, del PP, y que fue aprobada con los votos de este partido y de la propia diputada Ramírez -ahora no adscrita- no está «justificada» ni «avalada» por el informe jurídico emitido, que es anterior a la propuesta.
«Únicamente dice que se hace necesario modificar los acuerdos sobre dedicación exclusiva aprobados al inicio del mandato tras tener conocimiento de que se había dado de baja de Ciudadanos», ha explicado.
García ha asegurado que el acuerdo entre el PP y la exdiputada incumple tanto el artículo 73 de la ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la propia Diputación.
En el primer caso, porque la doctrina del Tribunal Constitucional establece «claramente» los derechos de los diputados no adscritos -ejercer las funciones de control al gobierno, participar en deliberaciones y votaciones del pleno y obtener la información necesaria para ello-, «entre los que no figura de ninguna manera el ejercicio del cargo con dedicación exclusiva retribuida», ha criticado.
En cuanto al Reglamento de la Diputación, es «aún más restrictivo» con los derechos políticos y económicos de los diputados no adscritos, «limitándolos a los que les puedan corresponden individualmente por ser miembros de la Corporación, como dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero en ningún caso la dedicación exclusiva», ha explicado.
Además, García ha insistido en que «el equipo de Gobierno del PP ha tratado de vincular la dedicación exclusiva de la diputada tránsfuga con su condición de presidenta de Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, como si ésta no tuviera que ver con su anterior pertenencia a Ciudadanos».
Esa presidencia era, ha recordado el PSOE, uno de los compromisos del acuerdo de investidura suscrito entre ambas formaciones.