Han pasado ya casi cuatro meses de 2012 y el Gobierno Cospedal aún no ha publicado la convocatoria para la prestación este año de los servicios de Atención de Menores ni ha resuelto las referidas a Atención a Discapacitados, apunta el sindicato en nota de prensa. Las entidades que vienen atendiendo estos servicios sociales básicos –a las que la Junta sigue sin pagar buena parte del 2011- se encuentran en un total desamparo tanto jurídico como laboral, porque se están prestando un servicio que carece de respaldo administrativo, jurídico y económico. Según CC.OO., la situación afecta a más de 300 centros y servicios creados y gestionados por familias y entidades sin ánimo de lucro, que sostienen más de 7.000 plazas asistenciales y dan cobertura a más de 50.000 usuarios -entre discapacitados y menores-; atendidos por más de 10.000 profesionales que llevan como mínimo tres meses sin cobrar.
Desde el anuncio, el 30 de agosto del año pasado, del mal llamado Plan de Garantías de los Servicios Sociales, el Gobierno regional ha dejado en el más absoluto abandono a las entidades y trabajadores que se dedican a la reinserción o la mejora de la calidad de vida de aquellos colectivos mas sensibles a la crisis económica como son los menores y los discapacitados, informa CC.OO. en nota de prensa.
A día de hoy, trascurridos casi cuatro meses del año 2012, el Gobierno Cospedal aún no ha publicado las convocatorias para la prestación de los servicios de Atención de Menores de protección y de reforma y tampoco ha resuelto la convocatoria publica para firmar los convenios que sustentan la atención a los discapacitados, lo que esta creando una gran alarma en estos sectores, a los que además se les adeuda gran parte de 2011.
La cuestión se agrava porque la inacción del Gobierno Cospedal mantienen a las entidades que se ocupan de estos servicios en un total desamparo tanto jurídico como laboral, porque están prestando un servicio que carece de respaldo administrativo, jurídico y económico, al no estar publicados ni conveniados estos servicios a día de hoy entre las diferentes entidades y el gobierno regional.
Esta kafkiana situación afecta a más de 300 centros y servicios, que sostienen más de 7.000 plazas asistenciales y dan cobertura a más de 50.000 usuarios -entre menores y discapacitados-; atendidos por más 10.000 profesionales que llevan un mínimo de tres meses sin cobrar sus nóminas.
Hay que recordar que son las familias, asociadas en entidades sin ánimo de lucro, las que gestionan la mayoría de los centros y servicios a los discapacitados, y que esta situación provoca la asfixia y en algunos casos la desaparición de los servicios que se prestan y las propias entidades prestadoras. Situación esta solo aguantada en el tiempo gracias al esfuerzo, ya insostenible, que están realizando los trabajadores al no cobrar. Con cientos de casos personales dramáticos con problemas reales para el sustento de sus familias.
En el sector de menores no solo nos encontramos con estos problemas sino mas graves ya que la situación ha sido mantenida durante más tiempo ya que se suma el no haber percibido lo adeudado del año anterior por parte de la Junta de Comunidades.
Al día de hoy o no tememos convocatoria para el mantenimiento de estos servicios, caso de menores, o si ha salido se encuentra sin resolución, como es el caso de discapacidad.
De nuevo los que pagamos la crisis son los trabajadores que no cobran y los sectores más débiles que son los menores, discapacitados y mayores.
Mientras tanto la Junta de Comunidades no tiene prisa en solucionar los problemas de estos sectores que conforme va pasando el tiempo más asociaciones y usuarios están pagando las consecuencias de las políticas de recortes de este gobierno. A las que hay que sumar los recortes que se van a producir en estos sectores en los próximos presupuestos generales de Castilla la Mancha, lo que va ha incidir sin duda en la precarización de los servicios así como en los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
CC.OO. hace un llamamiento a la participación en las manifestaciones que están convocadas para el próximo 29 de abril en las diferentes capitales de provincia. en contra de los recortes en sanidad y educación, ya que también afectan a los servicios sociales.