El precandidato a presidir el PP de Castilla-La Mancha, Tomás Medina, ha advertido hoy al partido de que acudirá a la justicia para pedir la suspensión cautelar del Congreso regional, «en tanto no se determine, con las debidas garantías, la validez» de su candidatura y de la de María Dolores de Cospedal.
Así se recoge en el escrito de alegaciones de nueve páginas que ha enviado al Comité Organizador del XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha, después de que éste determinara que, de los 143 avales presentados, tan solo 52 son válidos, por lo que no alcanza el mínimo de 90 apoyos correctos para poder presentarse.
Medina, presidente local del PP de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), asegura que los avales presentados son válidos y rechaza que la mayoría de ellos no hayan sido admitidos tras haberse detectado pagos de cuotas en grupo.
Asegura que en su localidad y «en otras muchas de la región, nunca se ha reclamado y exigido el cobro de cuota de afiliación alguna a sus afiliados, organizándose el abono de alguna retribución mediante ingresos en las cuentas bancarias de las divisiones municipales del partido».
«Así se ha venido haciendo en cumplimiento de las directrices de los órganos de dirección de nuestro partido», asegura y añade: «Este hecho de carácter negativo podrá ser acreditado mediante el consiguiente comprobante relativo a apuntes bancarios sobre ingresos de cuotas de afiliados de los últimos diez años ingresadas en cuentas que a tal fin tuviese nuestro partido en cualquiera de sus ámbitos territoriales».
Así, considera que los pagos efectuados -de los que adjunta copias- son válidos y «no pueden constituir un obstáculo para la válida presentación» de su candidatura debido a la «falta de una regulación concreta y detallada en los estatutos» del PP, en relación al pago de cuotas.
Además, afirma que es «preciso comprobar» que esa exigencia se ha cumplido también en el caso de los afiliados que han avalado la otra candidatura, comprobación que dice que debe hacer el Comité Organizador o, en su caso, «el órgano al que pudiera corresponder el conocimiento de una eventual impugnación en sede judicial».
En el escrito, también apunta que es su propósito presentar en los próximos días un documento solicitando que se declare «nula de pleno derecho» la candidatura presentada por Cospedal por carecer ésta, a su juicio, «de los requisitos esenciales para su validez», lo que dice que «se acreditará y fundamentará».
Por otra parte, Medina denuncia que «se está produciendo una triple discriminación», en primer lugar, porque él fue reconocido como compromisario en el último congreso nacional y en el regional «se le tacha de no estar al corriente en el pago de las cuotas y, por tanto, se le niega el derecho a ser candidato».
Para el precandidato, «el segundo agravio comparativo es por razón de territorio puesto que mientras que en la Comunidad Valenciana no se exige estar al corriente en las cuotas para avalar, el aparato del partido en Castilla-La Mancha, que conoce y custodia los censos, sí que lo exige».
La tercera discriminación que cita se produce, según señala, «a la hora de ejercer el derecho del sufragio activo» porque «mientras para participar en los procesos democráticos de elección de representantes municipales, autonómicos, nacionales o europeos, los morosos con cualquiera de estas administraciones pueden votar, no ocurre lo mismo con la elección de representantes del PP».
Con todo, apunta que se encuentran «ante un Congreso Regional que puede ser histórico, por cuanto podría sentar las bases para la creación de una tradición democrática que hace mucho tiempo debió alentarse desde lo órganos de dirección».
«Paradójicamente, ello no se ha producido en nuestra comunidad autónoma desde la misma fundación del partido», afirma, al tiempo que lamenta que, «primero, mediante una modificación de estatutos y luego mediante una interpretación interesada de la ley solo en perjuicio de uno de los candidatos, se mantiene una tendencia continuista de que solo se presente un candidato».
Por otra parte, lamenta que se le haya concedido «un plazo tan breve», de menos de 35 horas, para la presentación de alegaciones y también denuncia que no hay «un censo electoral actualizado y al día».