Así lo ha indicado hoy su portavoz, Miguel Ángel Hernández, que ha pedido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que elabore un nuevo borrador para reformar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, ya que las que ha introducido son insuficientes para cambiar la que ha calificado como «retrógada» norma aprobada en 2015.
Por ello, ha exigido a la Consejería de Agricultura y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundicen en la reforma de la ley, ya que la Plataforma considera que «el texto actual se queda muy corto con respecto a las expectativas creadas».
Ha demandado que la norma «se cambie profundamente», ya que hasta ahora el Gobierno regional ha hecho «una reforma de manual» en la que ha cambiado aspectos que eran evidentemente mejorables e incluso «ilegales» en el borrador que está en exposición pública.
Estos cambios profundos son reclamados en las alegaciones que han dado a conocer esta tarde representantes de la Plataforma contra la Ley de Caza, que han argumentado en un documento de 50 páginas en el que revisan artículo por artículo la norma, con el objetivo de adecuarla debidamente, ha comentado Hernández.
Estas alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no están en la Plataforma pero que se han sumado a sus planteamientos, como la Asociación de Empresarios de Ecoturismo de Castilla-La Mancha o la Asociación Española de Conservación de Mamíferos.
En las entidades que han presentado las alegaciones hay plataformas o federaciones, por lo que sumando todas, las entidades individuales que suscriben el documento son en torno a un centenar, ha señalado el portavoz de la Plataforma.
Según Hernández, esta cifra constata el amplio apoyo social que tienen las alegaciones y la oposición que existe a la ley vigente, que ya se puso de manifiesto en su momento con la recogida de 117.621 firmas contra la Ley de Caza, que supuso la mayor protesta contra una ley que ha habido en la comunidad autónoma.
Hernández ha advertido que la Plataforma no se conforma con una reforma «de alcance limitado» y que mantiene «buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores», así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.
En este sentido, ha apuntado que la Plataforma va a estar «permanentemente en campaña» para que se incorporen la mayor parte de sus planteamientos en el nuevo texto de la ley, cuando se inicie la tramitación parlamentaria de la reforma.
Para ello, va a mantener reuniones con los tres grupos parlamentarios en las Cortes regionales, ha avanzado Hernández, que ha recordado que dos de estos partidos, PSOE y Podemos, se comprometieron a hacer una reforma en profundidad de la norma y que así lo reflejaron en sus respectivos programas electorales.
Entre las alegaciones, Hernández ha destacado las que hacen referencia a las limitaciones de uso público, ya que entienden que las modificaciones que se han introducido no son suficientes.
La Plataforma plantea que se amplíen las zonas de seguridad, que se señalicen adecuadamente (a costa de los titulares de cotos), que se sancione como infracción muy grave la caza en estas zonas y que se publiquen con antelación suficiente las zonas y fechas de celebración de cacerías organizadas.
También pide que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos, para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal.
Otras de sus demandas son que se elimine la figura de cuartel de caza comercial, que facilita la actividad cinegética intensiva, y que se prohíba el uso de reclamos o atrayentes.
Y en aspectos relacionados con la seguridad, solicita que se aumenten las inspecciones (incluidos controles de alcoholemia y drogas), que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad, y que las sanciones aumenten su cuantía y que, las infracciones graves o muy graves, conlleven la retirada de permisos o autorizaciones, entre otras.