El sindicato CCOO ha remitido escritos al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe, pidiendo que intensifiquen y extiendan la vigilancia sobre las agencias privadas de colocación tanto en la comunidad autónoma como en el conjunto del país.
En un comunicado, CCOO ha informado de los escritos enviados al viceconsejero de Economía, Empresas y Empleo, Francisco Rueda, y al director general del Sepe, Julio Ángel Martínez, en relación con el fraude denunciado por el sindicato y la Inspección de Trabajo sobre la agencia privada de colocación San Román.
Según ha constatado Comisiones Obreras, San Román tiene entre sus sedes en Castilla-La Mancha locales cerrados y sin ninguna actividad; en otros casos, se ubica en centros de formación, asesorías o autoescuelas, donde les es desconocida la agencia de colocación o «en el mejor de los casos» hay un buzón para depositar los curriculums.
CCOO: «Nos parece más que evidente que estamos ante una estafa»
«Nos parece más que evidente que estamos ante una estafa», ha subrayado el sindicato tras las comprobaciones in situ llevadas a cabo y el informe de la Inspección de Trabajo denunciando, entre otros aspectos, la «inexistencia de actividad» y que «no está operando» como agencia de colocación «en los términos exigidos por la legislación».
Tras el cierre de 13 ‘sedes fantasma’ de San Román en la región CC.OO. ha emplazado a la Consejería a inspeccionar todos los locales que tiene la firma y a que extienda su actuación sobre la agencia Manpower, que también obtuvo otro convenio para operar como agencia de colocación.
En la misma línea, CC.OO. pide al Sepe que investigue la actividad de San Román en todo el país, donde tiene más de un centenar de locales.
La secretaria regional de Empleo de CC.OO., Lola Santillana, ha instado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a que mantenga informado al sindicato sobre la situación de las agencias privadas de colocación «y sobre las conclusiones de las inspecciones que se lleven a cabo».
Santillana ha indicado que «no se puede tolerar» que se haga negocio con los desempleados, con el «dinero de todos» y con fondos públicos que se están «quitando» de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo.
A su juicio, «hay que sancionar a quienes están haciendo negocio de forma fraudulenta con fondos públicos y utilizando la desgracia ajena para enriquecerse» porque es «ilícito».