El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo, Javier Nicolás, ha indicado que su equipo de gobierno «ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando para dar seguridad jurídica a los promotores y entidades financieras». Hacía estas declaraciones en rueda de prensa después de que, tal y como adelantó encastillalamancha.es, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) haya desestimado la petición de Ecologistas de Acción de ejecutar la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento en relación a la citada anulación.
El concejal ha recordado que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han llegado un total de 12 recursos, ocho de los cuales han sido estimados y cuatro desestimados. «El punto de inflexión fue el 19 de julio de 2011» cuando este organismo emitió su primera sentencia en la que se hacía mención, no al contenido del POM, sino a la forma, anulando el mismo por no haberse llevado a cabo una segunda información pública, como así pedía la organización ecologista.
Javier Nicolás defiende que el Ayuntamiento no consideró hacer una segunda información pública porque la normativa de Castilla-La Mancha no lo recoge como necesario ya que, ante cambios sustanciales en el POM, «es suficiente con comunicarlo a los interesados». Reconoce que la ley estatal sí obliga a ello pero «nosotros estamos en Castilla-La Mancha y nos regimos por la ley de aquí».
A pesar de esa sentencia de nulidad del TSJCLM y de la situación de indefensión hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, el edil ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento seguirá trabajando por dar seguridad jurídica a los promotores y entidades financieras, garantizando que todos los procesos administrativos contarán con esa seguridad.
Ha aclarado que el TSJCLM ha desetimado ejecutar la anulación del POM de Toledo por dos motivos. El primero porque Ecologistas en Acción no es parte interesada en el POM y, en segundo lugar, porque los daños que causaría a la ciudad esta medida, según un informe elaborado por los servicios de urbanismo municipal, ascenderían a los 11.700 millones de euros.
Se ha mostrado conforme a llevar a cabo la segunda información pública siempre y cuando haya acuerdo entre los grupos políticos y las administraciones y mientras no se modifique el contenido del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. «Lo que no queremos es que la ciudad se quede sin POM porque permitirá crear empleo y riqueza».
Preguntado por las palabras de la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, en las que apuntaba que la urbanización de suelo industrial en el Polígono Industrial de Toledo sería muy costoso, el responsable de Urbanismo y Vivienda en el Consistorio ha insistido en que, además de Coca-Cola, hay otras empresas interesadas en afincarse en esta zona de la capital regional y que, como cualquier negocio, «la rentabilidad vendrá a lo largo del tiempo y no de forma inmediata».