El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha firmado hoy en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, sendos convenios con estos colegios oficiales para la puesta en marcha de este servicio relativo a las cláusulas suelo, que actualizan el acuerdo alcanzado en 2016 para la creación del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria.

A través de estos convenios, el Ejecutivo castellanomanchego busca facilitar a los ciudadanos la mediación en el proceso de devolución de las cláusulas suelo y evitar la intervención de la justicia.

Los servicios los ofrecerán las más de 200 dependencias con las que cuentan los colegios oficiales de notarios y registradores de la propiedad en la comunidad, y las seis oficinas ‘antidesahucio’ del Gobierno regional.

«Cuando nos hemos dado cuenta no solo es que España se haya metido en un lío con la burbuja inmobiliaria sino que las condiciones de ese endeudamiento nacional no eran las pensábamos», ha expuesto García-Page.

Las cláusulas suelo «afectan  a mucha gente humilde»

Una circunstancia que ha lamentado que afecta «a mucha gente humilde» y, con ello, ha resaltado que «esta red de información» impulsada por el Gobierno regional facilitará «acuerdos rápidos, ligeros y que den soluciones a todas las partes».

«Cómo debe ser que Tribunal Europeo ha tomado la decisión de echar abajo unas cláusulas que afectan a miles y miles de personas, cómo ha debido ser de claro que se estaban vulnerando derechos fundamentales», ha aseverado.

El presidente regional, parafraseando el exmandatario autonómico José Bono, ha dicho que «el bien no hace ruido y el ruido no hace bien», por lo que ha destacado la acción del Ejecutivo frente «a ponerse delante de la pancarta, a base de pitos y con caceroladas» o a las promesas de «pactos de estado» que hasta que se materializan «pasa mucho tiempo».

García-Page ha explicado que la firma de estos convenios es posible porque «el convenio matriz ha sido un éxito», imitado en otras comunidades y administraciones, y ha destacado todos aquellos que han acudido a las oficinas ‘antidesahucio’ han evitado el lanzamiento de sus viviendas.

Con todo, ha dicho que quieren «facilitar la vida, ser útiles», ponerse «en medio de los afectados y quienes tienen que devolver el dinero para que se haga de manera más rápida y lo más humanizada posible».

«Las entidades financieras están obligas a devolver las cláusulas suelo, pero cómo se devuelva, en qué tiempos y en qué modales tiene mucho valor», ha considerado el presidente del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, cuyo departamento se ha encargado de la puesta en marcha de este servicio, ha destacado el trabajo realizado desde que conocieron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce la retroactividad de las cláusulas suelo.

Todo con el fin de que «los ciudadanos no estuviesen en situación de debilidad frente a entidades bancarias», pues ha reconocido que conseguir la devolución del dinero es un proceso «muy complejo, hay cuestiones jurídicas y técnicas muy complicadas».

Y, por ello, ha resaltado la puesta en marcha de este programa para evitar procesos judiciales «e ir hacia el camino de la mediación y llegar a acuerdos entre los ciudadanos y entidades bancarias, trabajando con los profesionales que saben de materia hipotecaria».

Sobre las oficinas ‘antidesahucio’, la consejera también ha destacado que se han paralizado 50 lanzamientos y se ha atendido a más de 1.600 familias.

En la rueda de prensa tras las firma de los convenios, también ha participado el decano de los Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha, Fernando Acedo-Rico, quien ha explicado que la comunidad cuenta con 61 registros de la propiedad que, «a partir de ahora, están abiertos a cualquier ciudadano» que requiera ayuda en esta materia.

Del mismo modo, el decano del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo, ha destacado que ofrecerán una vía alternativa a la justicia que conllevará «menor coste para los afectados, menor coste para la justicia y menos tiempo de resolución del problema».